Pese a las protestas, un comité especial de 10 legisladores se reunió el viernes pasado y votó para permitir la extensión de la emergencia
HARTFORD.- Decenas de manifestantes se reunieron afuera del capitolio estatal. Muchos de ellos sostenían carteles y algunos no usaban máscaras a propósito para pedirle gobernador Ned Lamont que no extienda el estado de emergencia por COVID-19 en Connecticut hasta febrero.
Varios legisladores que asistieron a la protesta señalaron que el Gobernador tomó las medidas sin incluirlos en la decisión.
“Estamos pidiendo un asiento en la mesa para tener una discusión con el Gobernador y todas las partes involucradas, y discutir qué hacer y qué es lo mejor para el Estado en el futuro”, manifestó la representante estatal Anne Dauphinais.
Los legisladores agregaron que Connecticut está en un lugar mucho mejor ahora en comparación con marzo y abril.
Argumentan que no es necesario que el Gobernador prorrogue las órdenes ejecutivas que se dictaron en respuesta a la pandemia.
Las familias que asistieron a la protesta indicaron que las restricciones han afectado la economía, las empresas y las escuelas de Connecticut. Pidieron al Gobernador que reabra completamente el Estado.
“Nuestros niños necesitan socializar, las empresas necesitan estar funcionando. Hemos tenido la suerte de seguir teniendo nuestros trabajos, pero no podemos decir lo mismo de mucha gente aquí”, declaró James Turkosz, quien llevó a su familia al mitin.
El gobernador Ned Lamont al enterarse de la protesta defendió su decisión.
“Doy la bienvenida a las aportaciones de todos, pero en lugar de convertirlo en un proceso más político, me encantaría liderar nuestra recuperación con la ciencia y luego mantener a la legislatura involucrada de cerca en el camino”, precisó Lamont.
Pese a las protestas, un comité especial de 10 legisladores se reunió el viernes pasado y votó para permitir la extensión de la emergencia.
Lamont ha puesto en marcha docenas de órdenes ejecutivas relacionadas con el COVID-19 desde marzo, cuando se informaron los primeros casos.
La primera muerte de Connecticut relacionada con la enfermedad se informó el 18 de marzo.
Algunos legisladores señalaron que las órdenes ejecutivas han impactado negativamente a los propietarios, las empresas y las familias.
