Tribunal dictamina que Gobierno puede poner fin a protecciones humanitarias para unos 300 mil inmigrantes

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito afecta a los ciudadanos de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán, muchos de los cuales han vivido en los Estados Unidos durante décadas, tienen hijos nacidos en este país y han sido considerados trabajadores esenciales durante la pandemia del coronavirus.

HARTFORD.- Un panel de la corte federal de apelaciones dictaminó, el lunes pasado, que la administración del presidente Donald Trump puede poner fin a las protecciones humanitarias para unos 300 mil inmigrantes que viven en los Estados Unidos (unos 30 mil en Connecticut), despejando el camino para su posible deportación a partir del próximo año.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito afecta a los ciudadanos de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán, muchos de los cuales han vivido en los Estados Unidos durante décadas, tienen hijos nacidos en este país y han sido considerados trabajadores esenciales durante la pandemia del coronavirus.

El tema es la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS), una forma de ayuda humanitaria creada por el Congreso y administrada por el Departamento de Seguridad Nacional.

El TPS proporciona un permiso de trabajo y una suspensión de la deportación a los ciudadanos extranjeros que viven en los Estados Unidos cuyos países de origen se enfrentan a desastres naturales, conflictos armados u otras “condiciones extraordinarias y temporales” que hacen que su regreso sea inseguro.

La administración Trump canceló las designaciones de TPS de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán en 2017 y en 2018.

Un caso separado que fue presentado el año pasado por ciudadanos por el término del TPS para Honduras y Nepal está en curso.

Varios beneficiarios de TPS de los cuatro países y sus hijos presentaron una demanda impugnando la terminación del programa de protección migratoria, tanto por razones de procedimiento como con el argumento de que la regla estaba motivada por la animadversión hacia los “inmigrantes no blancos ni europeos” que, según dijeron, se evidenciaba en los comentarios hechos por el presidente Trump y otros funcionarios de la administración.

Un tribunal de distrito emitió previamente una orden judicial preliminar.

La decisión del lunes de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones levanta la orden judicial, lo que significa que los inmigrantes de los países afectados podrían estar sujetos a la deportación a partir de enero.

Los demandantes y sus abogados dijeron, el lunes pasado, que se están preparando para apelar la decisión en todo el Noveno Circuito.

La National TPS Alliance, un grupo de defensa de base, dijo que el fallo allana el camino para que la administración “desdocumente y separe” a unas 400 mil familias.

El grupo explica que el TPS brinda protección por períodos cortos de hasta 18 meses, pero el gobierno federal la ha extendido continuamente para los países mencionados en la demanda “basándose en constataciones repetidas de que no es seguro regresar”.

Como resultado, la mayoría de los titulares de TPS han estado viviendo en los Estados Unidos durante más de una década, contribuyendo a sus comunidades y criando a sus familias.

Muchos de los más de 200 mil hijos que son ciudadanos estadounidenses, cuyos son titulares de TPS, nunca han estado en el país de origen de sus padres y tendrían que elegir entre sus familias y sus hogares.

“Este gobierno nos ha fallado a mí ya los otros 250 mil hijos ciudadanos estadounidenses de titulares de TPS”, señaló Crista Ramos, demandante principal en el caso.

Dos de los tres jueces del panel dictaminaron que los demandantes no pudieron probar que la animadversión racial fue un factor cuando la administración canceló el TPS.

A medida que avanza la pandemia mundial, los inmigrantes con estatus de protección constituyen una gran parte de los trabajadores de primera línea del país, destacaron los defensores.

Más de 130 mil beneficiarios de TPS son trabajadores esenciales, según el Center for American Progress.

El Salvador tiene el mayor número de receptores de TPS en los Estados Unidos, mientras que su país de origen tiene la tasa de homicidios per cápita más alta del mundo, según el Foro Nacional de Inmigración.

El grupo apuntó que el fallo del lunes afectará a unos 300 mil salvadoreños, más de la mitad de los cuales han vivido en Estados Unidos durante al menos 20 años.

 

 

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