NEW FAIRFIELD.- Amigos y familiares de un hombre de origen guatemalteco, a quien se le ordenó que abandone el país a finales de este mes llevaron a cabo esta semana un rally de apoyo, con la esperanza de que obtenga un nuevo indulto.
Joel Colindres, de 33 años, quien llegó a los Estados Unidos en 2004, recibió la orden de salir del país a mediados de 2017, ganó una estadía temporal el 17 de agosto pasado, minutos antes de abordar un vuelo de regreso a su natal Guatemala.
Pero el 27 de diciembre pasado, durante uno de sus controles semanales requeridos con el U.S Immigration and Customs Enforcement (ICE), nuevamente le dijeron que sería deportado.
La segunda orden de deportación fue enviada a su familia. El inmigrante está casado con su esposa, Samantha, una ciudadana estadounidense, con quien procreó dos hijos nacidos en los Estados Unidos, Preston de 6 años y Lila de 3 años.
Colindres lucha nuevamente para mantenerse en el país hasta que su solicitud de asilo es procesada.
Una petición en línea argumenta que merece una oportunidad para presentar su caso y está disponible en www.petitions.moveon.org.
“Joel solo quiere un día en la corte ante un juez de inmigración para que escuchen su versión de la historia, para escuchar cómo es tener que regresar al entorno peligroso y violento del que originalmente huyó. Volver a Guatemala ahora sería una sentencia de muerte”, se puede leer en la petición.
La familia del inmigrante instó a los seguidores a través de una página de Facebook (Save Joel Colindres) a llamar a los legisladores en nombre de Joel. Un amigo del inmigrante creó una página GoFundMe en www.gofundme.com/savejoelcolindres para ayudar a pagar los honorarios por las asistencias legales.
La solicitud de asilo de Colindres argumenta que su vida estaría en peligro si regresara a Guatemala. Su familia allí se enfrentó a ataques violentos y tres de sus familiares fueron asesinados en el último año, comentó la familia del inmigrante.
Cuando llegó por primera vez a los Estados Unidos en 2004, comentó que Colindres tuvo una confusión con el papeleo que lo llevó a perder una fecha en la Corte, lo que dio como resultado una orden para su deportación.
La orden ha creado una barrera en la búsqueda de su residencia legal basada en su matrimonio en 2010 con Samantha, de acuerdo con su familia.
Otro abogado de la familia presentó una solicitud para reabrir el caso con la oficina equivocada, causando más retrasos.
La actual abogada de la familia, Erin O’Neil-Baker, precisó que las autoridades de inmigración negaron la jurisdicción para la solicitud de asilo, lo que obligó a la familia a postularse a través del complicado proceso de apelación.
Colindres tiene una apelación pendiente ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos.
La reciente orden de deportación ha agravado la situación, señaló O’Neil-Baker.
“Poner estas fechas arbitrarias de deportación crea un nivel de estrés tan extremo no solo para Joel, sino para su esposa y sus hijos, su familia completa, su jefe, su empleador: hay un efecto dominó cuando se establecen este tipo de noticias”, agregó la abogada.
“No hay ninguna razón para hacer que abandone el país ahora. Va contra la ley que dice que si la vida o la libertad de alguien están en peligro, pueden buscar protección aquí en los Estados Unidos”, indicó O’Neil-Baker.
La representante de Connecticut en Washington DC, Elizabeth Esty, y los senadores federales Richard Blumenthal y Chris Murphy, quienes trabajaron para apoyar a Colindres durante su primera orden de deportación, enviaron una carta solicitando que se le concediera otra suspensión.
“No parece que el señor Colindres represente una amenaza para la integridad del sistema de inmigración”, dice la carta, señalando que Colindres no tiene antecedentes penales.
“De hecho, parece que el señor Colindres y su familia son activos para su comunidad como propietarios y contribuyentes. La separación innecesaria de esta familia no tiene un beneficio claro para nuestro país o para Connecticut”, agregó la carta.
O’Neil-Baker comentó que Colindres también cumplió con todas las restricciones de inmigración durante su estadía temporal, incluidas las citas semanales en Hartford, los controles domiciliarios semanales y el mantenimiento de un dispositivo de localización por GPS en el tobillo.
La abogada espera que la manifestación que se llevó a cabo esta semana, frente al Abraham A. Ribicoff Federal Building, ayude a convencer a los funcionarios de inmigración de que abandonen la orden de deportación.
