NUEVA YORK – Un total de 19 estados, entre ellos Nueva York, interpusieron una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump por modificar un acuerdo sobre la detención de menores indocumentados y que lleva en la práctica a encierros prolongados.
De acuerdo con el informe, la demanda busca proteger las disposiciones del llamado Acuerdo Flores, un pacto firmado en 1997 que establece que los menores indocumentados no pueden permanecer detenidos por más de 20 días, y a los que se les debe garantizar servicios médicos y de bienestar, según las autoridades de los estados.
La acción legal, presentada en el tribunal del Distrito Central de California, argumenta que la regulación dada a conocer el miércoles pasado por el Departamento de Seguridad Nacional elimina varias protecciones garantizadas por el Acuerdo Flores, como la detención prolongada de menores y que afecta además a las comunidades que los reciben tras su liberación.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, declaró que “este caso se reduce al núcleo de quiénes y de lo que somos como nación, que durante mucho tiempo ha sido un firme defensor de los derechos humanos”.
James agregó que “la nueva regla de la Administración Trump es un rechazo preocupante de este ideal. No es aceptable detener a personas, especialmente a niños, en condiciones crueles que no satisfacen sus necesidades humanas básicas. No les permitiremos pisotear nuestros valores sin ninguna batalla”.
La querella también argumenta que la nueva política interfiere con la capacidad de los estados para garantizar la salud, la seguridad, y el bienestar de los niños al socavar los requisitos de las licencias estatales para las instalaciones donde se encuentran los niños.
La medida del Gobierno llegó tras varias derrotas en los tribunales federales en torno al Acuerdo Flores.
En junio de 2017, la jueza federal Dolly Gee determinó que la Casa Blanca estaba quebrando el pacto al mantener a los niños detenidos por más de 20 días, y que casi todas las instalaciones donde se mantenían a las familias inmigrantes retenidas en Texas eran de condiciones insalubres e inseguras.
Un año después, Gee negó una solicitud de la Administración Trump de modificar el pacto, una de las varias derrotas en tribunales.
La más reciente de ellas se dio el pasado 15 de agosto, cuando un panel del Noveno Circuito de Apelaciones señaló que el Gobierno debe garantizar las condiciones de limpieza y seguridad de los menores.
El Acuerdo Flores de 1997, exige la liberación de los niños “sin demora innecesaria” a sus padres, tutores legales, otros familiares adultos, u otras personas designadas por los padres o tutores o un programa con licencia dispuesto a aceptar la custodia legal de un niño.
Asismismo, establece que los niños deben ser colocados en el “entorno menos restrictivo” apropiado para la edad del menor y para sus necesidades especiales.
Busca además el establecimiento de normas para las condiciones seguras y sanitarias para los niños detenidos bajo custodia de las autoridades migratorias.
Se unieron a la demanda los estados de Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minesota, Nevada, Nueva Jersey, New Mexico, New York, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, y el Distrito de Columbia.
