Ley para fortalecer prevención de asaltos sexuales en centros educativos

La Ley Pública 14-11 o An Act Concerning Sexual Assault, Stalking and Intimate Partner Violence on Campus, aprobada por unanimidad en el Senado y la Cámara de Representantes, exige a las instituciones ofrecer servicios a las víctimas, instituir la política contra el asalto sexual y reportar incidentes a la Asamblea General de Connecticut.

HARTFORD.- El Gobernador Dannel Malloy firmó un proyecto de ley que fortalecerá la prevención de asaltos sexuales y los procedimientos de respuesta en las instituciones de educación superior en Connecticut.
La Ley Pública 14-11 o An Act Concerning Sexual Assault, Stalking and Intimate Partner Violence on Campus, aprobada por

unanimidad en el Senado y la Cámara de Representantes, exige a las instituciones ofrecer servicios a las víctimas, instituir la política contra el asalto sexual y reportar incidentes a la Asamblea General de Connecticut.

“Nuestros estudiantes deben sentirse seguros en los colegios y universidades. Tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para protegerlos y prevenir futuros actos de violencia”, expresó Malloy, quien agregó que “estamos satisfechos de que Connecticut sea líder en la nación en la aplicación de una estricta legislación que obligará a un cambio en ese sentido”.

La nueva ley requiere que todas las instituciones de educación superior ofrezcan de inmediato una notificación por escrito a cada víctima con respecto a sus derechos y políticas de la institución, además de permitir que todas las denuncias sean anónimas. Además, requiere que todas las instituciones de educación superior firmen un memorándum de entendimiento con al menos una agencia de ayuda de violencia doméstica y aseguren que las víctimas puedan tener acceso al asesoramiento libre y confidencial, y a los servicios de defensa en el campus.

Asimismo, se requiere que todos los centros de enseñanza superior establezcan un equipo de recursos en el campus para que revisen sus políticas, según recomiendan los protocolos para proporcionar apoyo y los servicios a los estudiantes, y a los empleados que hayan sido víctimas.

El Gobernador agregó que la legislación también exige que todos los centros de enseñanza superior informen anualmente a la Comisión de Educación Superior de la Asamblea General acerca de sus políticas, la prevención y la programación de campañas de sensibilización y el número de incidentes y casos disciplinarios que involucran el asalto sexual y la violencia de pareja.

La ley requiere que las instituciones incluyan la información sobre el acoso y la violencia familiar en sus informes anuales de delitos en sus campus.

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