HARTFORD.- Dos proyectos de ley que modifican las protecciones que Connecticut brinda a los inmigrantes indocumentados al limitar aún más cuando la policía puede retener a esas personas para el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), fueron aprobadas por la Legislatura estatal.
La Cámara de Representantes votó 79-61 para la aprobación final de las revisiones de la Trust Act de 2013, y se posicionó por segunda vez en seis años para proteger los derechos de debido proceso de los indocumentados.
“El fundamento de esta ley es simple. Todos en este país tienen derecho al debido proceso legal”, declaró el representante Steven Stafstrom (D-Bridgeport), copresidente del Comité Judicial.
La Trust Act de 2013 requería una orden judicial para detener a alguien por el ICE, con siete excepciones, como la que un inmigrante sea considerado una amenaza para la seguridad pública, nombrado en una lista de vigilancia terrorista, condenado por un delito grave o enfrentando cargos penales pendientes o una sentencia definitiva de orden de deportación.
El tema fue bipartidista en 2013, cuando las políticas del ex presidente demócrata Barack Obama estaban en disputa.
No fue así en 2019, ya que con el presidente republicano Donald Trump en la Casa Blanca, los inmigrantes han sido blancos constantes de las autoridades federales.
Ningún republicano votó por la medida el jueves, como fue el caso cuando se aprobó primero en el Senado, el 15 de mayo pasado.
Dos demócratas, los representantes Pat Boyd (D-Pomfret) y Pat Wilson Pheanious (D-Ashford), votaron con el Partido Republicano. Ambos son del este de Connecticut, donde el Estado se dividió sobre Trump en 2016,
Nada fue simple sobre el camino a la aprobación de la ley. Para evitar un rechazo total del Partido Republicano, los demócratas aceptaron las revisiones en el proyecto de ley del Senado, lo que permite a las autoridades hacer más discreción que en la versión original.
Las revisiones se realizaron en un proyecto de ley separado, un paso inusual que salvó al Senado de otro debate sobre una medida que tardó ocho horas en aprobarse.
En lugar de eliminar las siete excepciones, ahora quedan dos: sin una orden judicial, la policía estatal y los funcionarios judiciales aún pueden detener a cualquier inmigrante indocumentado que se encuentre en una lista de vigilancia de terroristas federales o haya sido condenado por un delito grave.
“Este proyecto de ley sigue siendo un gran paso adelante de donde estábamos en 2013. Va lejos en la protección de los inmigrantes indocumentados”, declaró Carlos Moreno, director estatal de la Organización de Familias Trabajadoras, que presionó por el proyecto de ley.
La mayoría de los inmigrantes detenidos por el ICE lo hacen sobre la base de estar sujetos a una orden de deportación definitiva, indicó Moreno.
Es raro o sin precedentes que alguien en Connecticut sea detenido por estar en una lista de vigilancia terrorista, agregó.
Los republicanos dijeron que el proyecto de ley prohíbe erróneamente que las autoridades estatales cooperen con los funcionarios federales de inmigración.
Al citar una investigación realizada por una clínica de inmigración en la Yale Law School, la Connecticut Immigration Rights Alliance (CIRA) se quejó en marzo pasado de que algunos oficiales judiciales, que brindan seguridad en los juzgados y encarcelamientos estatales, impusieron la detención civil de inmigrantes en una posible violación de la ley de 2013.
Un solo alguacil fue responsable de hacer cumplir más de la mitad de las detenciones deL ICE durante un período de un año revisado desde septiembre de 2016. Pero el informe del grupo indicó que 45 de las 50 personas detenidas por EL ICE estaban bajo una orden final de remoción, uno de los criterios permitidos en la ley de 2013 pero no en la versión de revisión.
Según Pew Charitable Trusts, Connecticut es uno de los nueve estados que tiene leyes que limitan la cooperación de los tribunales locales y la aplicación de la ley con el ICE, mientras que nueve estados han aprobado leyes contra las ciudades santuario.
