La privacidad en internet, en riesgo con el COVID-19


El Gobierno debe dejar de usar los datos personales recopilados desde la aplicación de Covid-19 tras el Estado de Alarma

Hay quien aprovecha las aguas revueltas para cometer tropelías. Es cuando se baja la guarda y nadie observa con tanta atención. Lo que deja en bandeja a las personas malintencionadas a serpentear por el camino de la ilegalidad. En la pandemia de coronavirus Covid-19 se han producido ciberataques a hospitales, se han dejado expuestos los equipos informáticos por las prisas del teletrabajo y se ha puesto en riesgo la privacidad en internet.

Han surgido armas anti Covid-19 con la que se teme invadir la intimidad de los usuarios. Como sucediera tras el atentado terrorista del 11S, que implantó medidas más severas en los controles accesos, existe un cierto temor acerca de si la necesidad de domesticar al virus puede derivar

en una pérdida de derechos civiles. El Gobierno y las comunidades autónomas, por ejemplo, tendrán que dejar de utilizar todos los datos personales que hayan obtenido a través de las aplicaciones oficiales del Covid-19 cuando «finalice el Estado de Alarma o lo soliciten los usuarios», según aseguran expertos de Reclamadatos, plataforma online que permite reclamar los derechos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la normativa europea de protección de datos que este lunes ha cumplicado dos años de aplicación en todos los países miembros de la Unión Europea.

Expertos de diferentes ámbitos agrupados en la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) han advertido acerca del aumento de los riesgos de la privacidad que se producen en tiempos de crisis como la actual a causa del coronavirus. La organización, que engloba a unos mil miembros (entre juristas, ingenieros y profesionales del sector tecnológico) ha manifestado la importancia de garantizar la «adecuada protección» de los datos personales recogidos en el marco legal.

Por culpa de la pandemia se han puesto en marcha iniciativas que han levantado las críticas de un exceso de confianza. Los expertos, sin embargo, insisten en que pese a las declaraciones de Estado de alarma los derechos de los ciudadanos se mantienen intactos. Y, por ello, recuerdan: «el respeto por la privacidad es algo que preocupa cada vez a más personas» debido a la cantidad de iniciativas públicas y privadas que han surgido y que potencialmente pueden «implicar riesgos en el uso de información personal si no se abordan adecuadamente».

Los expertos se refieren a iniciativas las aplicaciones de autodiagnóstico, controles de trazabilidad o geolocalización de contactos, videovigilancia en el teletrabajo o medidas de control de temperatura a la entrada de establecimientos. El presidente de la Asociación, Marcos Judel, ha subrayado en un comunicado que el derecho a la protección de datos «no está suspendido en estos tiempos de Covid-19» y que ese derecho ni es un freno para luchar contra la pandemia ni para el desarrollo de los negocios de las empresas o políticas públicas «si se cuenta con asesoramiento experto, riguroso y profesional».

Asimismo Judel destaca que «es clave que las empresas y administraciones públicas consulten con profesionales de la privacidad o delegados de protección de datos de forma preventiva, será un valor seguro que les ayudará a cumplir sus objetivos y, a la vez, respetar los derechos y libertades de las personas». Esta Asociación también ha reclamado a las administraciones públicas que redoblen sus esfuerzos para erradicar el fraude en el mercado personificado por organizaciones que realizan servicios gratuitos o a coste cero con cargo a los créditos destinados a formación bonificada por la Seguridad Social, algo que puede suponer multas de más de 180.000 euros como ha reconocido la AEPD.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el regulador español en este campo, recuerda que la utilización de la tecnología no puede ser entendida de forma aislada, sino en el marco de un tratamiento de datos personales con un propósito claramente definido. En la medida en que este propósito debe ser para la lucha efectiva contra la Covid-19, el tratamiento ha de implementar una estrategia coherente basada en evidencias científicas, evaluando su proporcionalidad en relación con su eficacia, eficiencia y teniendo en cuenta de forma objetiva los recursos organizativos y materiales necesarios. «En todo caso, la utilización de estas tecnologías debe realizarse en el marco de los criterios establecidos por las autoridades sanitarias y, en particular, del Ministerio de Sanidad» y, además, como en cualquier tratamiento de datos personales, deben cumplirse los principios establecidos en el RGPD.

 

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