El fiscal general de Connecticut, William Tong, declaró que junto a otros fiscales continuará trabajando para defender esta decisión contra cualquier apelación
NEW HACEN.- Un juez federal bloqueó esta semana el plan del Gobierno de Donald Trump para incluir una pregunta sobre la ciudadanía en el censo de 2020, lo cual es considerada una victoria para la comunidad latina, que la veía como un ataque contra los inmigrantes.
El censo, que se renueva cada diez años, es una herramienta clave a la hora de determinar el reparto de fondos federales, de asignar escaños a la Cámara de Representantes o de decidir la distribución de distritos legislativos estatales y del Congreso.
La elaboración del censo en Estados Unidos, donde se calcula que viven en torno a 11 millones de inmigrantes indocumentados, se realiza sin preguntar el estado legal de los encuestados ni si son ciudadanos o residentes.
La inclusión de esta pregunta había desatado el miedo de las personas en esta situación, ante la posibilidad de que la información pudiera ser enviada a las autoridades de inmigración.
El juez Jesse Furman sostuvo en su sentencia, de 277 páginas, que el plan de incluir una pregunta sobre la ciudadanía para elaborar el censo, que fue impulsado por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, es ilegal por varios motivos.
Su decisión llegó tras un juicio de dos semanas en Nueva York celebrado a raíz de una demanda de varios fiscales generales y alcaldes estadounidenses, que consideraban que la inclusión de esa pregunta generaría miedo entre las comunidades de inmigrantes y haría que el censo terminase por ser inexacto.
“Los estados, muchos expertos, ex directores de la Oficina del Censo e incluso la investigación de la Oficina del Censo están de acuerdo en que exigir información sobre la ciudadanía en el Censo de los Estados Unidos deprimiría la participación, especialmente en las comunidades de inmigrantes que se sienten justificadamente amenazadas por la agenda política abiertamente hostil de la Administración Trump. El juez de este caso está de acuerdo, y aprecio la profundidad del análisis que el tribunal ha proporcionado para evitar que esta pregunta se incluya en el Censo de 2020.
El fiscal general de Connecticut, William Tong, declaró que “mi oficina continuará trabajando con nuestros colegas en otros estados para defender esta decisión contra cualquier apelación porque los riesgos para los estados como Connecticut son simplemente demasiado grandes”.
Tong agregó que “los esfuerzos que relajan la participación en el censo y resultan en un recuento insuficiente de nuestros residentes tendrían un impacto directo nuestra representación justa y potencialmente miles de millones de dólares en fondos federales para educación, infraestructura, programas de atención médica y más. La Constitución de los Estados Unidos exige un censo que determine la cantidad total de personas en cada Estado, y eso es exactamente lo que lucharemos para garantizar esta lucha”.
