Histórico proyecto de reforma policial aprobado por Cámara de Representantes y Senado

Después de un largo y apasionado debate, la Cámara de Representantes y el Senado estatal aprobaron un proyecto de ley de reforma policial, que exige un inspector general para investigar los tiroteos involucrados por los oficiales, requiere que todos los oficiales usen cámaras corporales y el uso justificado de la fuerza letal.

El proyecto pasa ahora al escritorio del gobernador Ned Lamont

HARTFORD.- La Cámara de Representantes y el Senado estatal aprobaron esta semana un proyecto de ley de reforma policial con una votación de 86-58 y 21-15, respectivamente

El proyecto pasa ahora al escritorio del gobernador Ned Lamont para ser firmado.

La amplia ley cubre la inmunidad del gobierno para la policía, el uso justificado de la fuerza letal y daría más poder a los civiles para revisar las acciones policiales.

La ley de responsabilidad policial se aprobó en gran medida de manera partidista con legisladores demócratas a favor y republicanos en contra.

Hay dos secciones de la ley de responsabilidad policial que se han convertido en el centro de atención.

Una sección tiene que ver con la inmunidad gubernamental contra las demandas y la otra tiene que ver con la creación de una oficina independiente para investigar el uso mortal de incidentes de fuerza por parte de la policía.

El proyecto de ley se modificó antes de aprobarse para aclarar que las ciudades tendrían que cubrir los costos de la demanda si los agentes de policía fueran demandados personalmente, pero podrían solicitar un reembolso si el tribunal considerara que las acciones del agente son maliciosas, desenfrenadas o un acto deliberado. Eso refleja en gran medida la ley actual.

El Connecticut Council of Small Towns instó al Senado a no aprobar el proyecto de ley porque podría aumentar significativamente los costos de responsabilidad y seguro para las ciudades durante tiempos económicos inciertos.

“Según lo revisado, el proyecto de ley continúa debilitando las disposiciones de inmunidad calificadas en la ley, sometiendo a los municipios a mayores costos de responsabilidad y seguro”, declaró Betsy Gara, jefa del Connecticut Council of Small Towns.

“El proyecto de ley fue revisado para aclarar que los agentes de policía no serían personalmente responsables de las pérdidas financieras derivadas de demandas judiciales en su contra. En cambio, el proyecto de ley establece que los municipios deberán indemnizar a los agentes de policía por tales pérdidas y costos financieros”, agregó Gara.

 

El líder republicano del Senado, Len Fasano, solicitó retrasar la votación sobre el proyecto de ley de responsabilidad policial después de que el Fiscal General William Tong se negó a proporcionar a los legisladores una opinión formal sobre la constitucionalidad del proyecto de ley, particularmente sobre el tema de la oficina del inspector general.

La ley exige una mayor supervisión de la policía en el Estado, incluyendo la capacitación implícita en prejuicios, un inspector general para revisar el uso de la fuerza letal y el uso requerido de cámaras corporales, entre muchas otras cosas.

La defensa de inmunidad del gobierno solo podría usarse si se cree objetivamente de buena fe que la conducta de un oficial no viola la ley.

Los legisladores redactaron algunos cambios en la parte de inmunidad calificada del proyecto de ley para aclarar que los oficiales de policía no serán personalmente responsables de los juicios siempre que su conducta no sea “maliciosa, desenfrenada o deliberada”, lo que refleja en gran medida la ley actual.

La inmunidad esencialmente protege a un oficial que opera dentro del alcance de su deber. Bloquea la capacidad de un miembro del público de demandar a un oficial de policía a menos que ese oficial viole derechos constitucionales claramente establecidos. Poner fin a la inmunidad cambiaría eso, indicaron los opositores de la legislación.

La ley permitiría al Police Officer Standards and Training Council cancelar o revocar la certificación de un oficial de policía por conducta que socava la confianza del público en la aplicación de la ley o la fuerza excesiva.

La legislación requeriría, además, que toda la policía local use cámaras corporales y la mayoría de la policía también tendría que usar cámaras de tablero en los vehículos.

La ley incluye algo de dinero de subvención para las fuerzas policiales locales para cámaras corporales, pero se anticipa que tendrá un costo directo de al menos 4 millones de dólares anuales para los municipios, según la Oficina Estatal de Análisis Fiscal.

 

 

 

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