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Grandes ciudades defienden santuario de indocumentados ante amenazas de Trump

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WASHINGTON (EFE).- Las grandes ciudades del país se han lanzado a prometer que protegerán sus “santuarios” para indocumentados ante la amenaza de deportaciones masivas anunciadas por el presidente electo, Donald Trump, a pesar de la posibilidad de perder millonarios fondos federales.
Los gobiernos locales de Los Ángeles y San Francisco (California), Chicago (Illinois), Nueva York, Seattle (Washington), Portland (Oregon), Providence (Rhode Island), New Haven (Connecticut), y la capital del país, Washington DC, entre otras, fueron los primeros que salieron a defender a los indocumentados.
“Los valores, leyes y políticas de Washington no cambiaron el día de las elecciones. Celebramos nuestra diversidad y respetamos a todos los residentes de DC sin importar su estatus migratorio”, aseguró esta semana la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, al defender estas zonas de protección de indocumentados.
Trump basó su campaña en una fuerte retórica migratoria que incluye deportaciones masivas, la construcción de un muro en la frontera con México y amenazas de recortes federales a las llamadas “ciudades santuarios”, si persisten en estas políticas.
El magnate inmobiliario señaló durante la campaña electoral que retirará los fondos federales a las ciudades y condados de todo el país que no persigan activamente a los inmigrantes indocumentados y no los entreguen a las autoridades federales de inmigración.
“Nosotros no vamos a sacrificar a ninguna de nuestra gente”, aseguró Jorge Elorza, alcalde de Providence, al señalar que buscan evitar deportaciones “injustas” de inmigrantes que hayan cometido “leves infracciones civiles”.
Trump aseguró esta semana que la prioridad es la deportación de indocumentados criminales y que en principio repatriará de inmediato a “dos o tres millones”, pese a que estimaciones del Migration Policy Institute sitúan el número de indocumentados con antecedentes en poco más de 800 mil.
Grupos pro-inmigrantes nacionales temen que algunos indocumentados pueden enfrentar deportaciones por infracciones de tránsito o por haber regresado al país tras una deportación, y señalaron que desmantelar las “ciudades santuario” es un retroceso en la confianza entre los indocumentados y las policías locales.
La alcaldesa de Washington dijo que las “ciudades santuario” contribuyen a que los vecindarios sean más seguros y a que los residentes “no tengan miedo de pedir ayuda a nuestra alcaldía”.
En los últimos cinco años, unas 320 jurisdicciones, entre ellas, los estados de California y Connecticut, aprobaron leyes que impiden a las policías locales participar en actividades federales de inmigración que son “voluntarias”.
Una de ellas, la más polémica, son las “órdenes de detención” solicitadas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que buscan mantener detenido a un indocumentado por más tiempo para dar una oportunidad de decidir su posible deportación.
Estas órdenes, que buscan una detención de indocumentados más allá de 48 horas, fueron consideradas inconstitucionales por carecer del visto bueno de un juez federal.
Ciudades santuario como Nueva York y Los Ángeles condicionan la retención de algún indocumentado a una orden de un juez federal de inmigración, no simplemente la orden de ICE.
“Siempre nos veremos como una ciudad santuario, y seguiremos acogiendo a todos”, aseguró Ted Wheeler, alcalde electo de Portland, en Oregón, estado que prohíbe el uso de recursos estatales y locales para hacer cumplir las leyes de inmigración, que son federales.
“Para mí, lo importante es asegurarse de que la gente pueda vivir sus vidas sin temor, sin ser perseguida. Si alguien está violando la ley, eso es otra cosa”, expresó el alcalde Elorza al Providence Journal.
Estas ciudades se suman a estados del peso de Nueva York y California, cuyos mandatarios se han puesto también del lado de los indocumentados ante la amenaza de Trump.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, prometió tras el triunfo de Trump que no permitirán “al Gobierno federal que ataca a inmigrantes a hacerlo en el Estado”.

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