Gobierno pretende dejar a 55 mil niños sin hogar

Una coalición de 23 estados, liderada por la Fiscal General de Nueva York, Letitia James (izquierda), envió una carta de comentarios al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) expresando su oposición a la nueva propuesta del presidente Donald Trump, que negaría la asistencia de viviendas a familias de estatus migratorio mixto, especialmente a aquellas con inmigrantes indocumentados.

La Fiscal General de Nueva York, Letitia James lidera una coalición que se opone a plan de la administración trump de negar ayuda para viviendas a inmigrantes

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, lidera una coalición de 23 estados, y envió una carta de comentarios al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) expresando su oposición a la nueva propuesta del presidente Donald Trump, que negaría la asistencia de viviendas a familias de estatus migratorio mixto, especialmente a aquellas con inmigrantes indocumentados.
La nueva propuesta podría provocar el desalojo de miles de familias, especialmente de muchos niños, residentes legales y ciudadanos estadounidenses, que dependen de este subsidio para poder permanecer en sus hogares.
De acuerdo con la Fiscal General, de ser promulgada, el plan propuesto por el gobierno federal perjudicará a los Estados, a sus residentes, sus economías locales, y la salud pública.
La coalición la lideran los Fiscales Generales del estado de Nueva York y del Distrito de Columbia.
“Si se promulga esta medida, la Administración Trump volverá a destrozar a las familias, y esta vez no estará en la frontera sino en nuestras comunidades”, señaló James.
“Amenazar con desalojar a decenas de miles de niños de sus hogares y ponerlos en las calles es algo inaudito y revierte el estándar de las políticas federales muy razonadas que hemos tenido por décadas. No permitiremos que esta Administración siga lanzando estos ataques discriminatorios contra los inmigrantes y penalizando a los Estados que los acogen con beneplácito”.
Por más de treinta años, las leyes que rigen el acceso a las viviendas públicas y las normas del Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano (HUD) han priorizado la unidad familiar y la preservación de la unidad familiar.
Anteriormente, durante décadas, la ley permitía que las familias con estatus migratorio mixto recibieran subsidios de vivienda pública, si al menos un miembro del grupo familiar tenía sus documentos migratorios en regla.
La nueva propuesta, anunciada en abril de este año, ahora prohibiría que los inmigrantes indocumentados residan en sus viviendas.
En muchos casos, los miembros de la familia elegibles son niños, y estos menores no podrían vivir sin sus padres, lo que resultaría en el desalojo de familias completas.
Como lo establece el propio análisis del Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano, la propuesta le eliminaría la asistencia de vivienda a más de 108 mil personas, incluyendo al menos 55 mil niños, muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses o que de otro modo pueden recibir este tipo de asistencia.
Sólo en Nueva York, se estima que más de 11 mil personas se verían afectadas, y al menos la mitad de ellos son niños.
En la carta enviada esta semana, los Fiscales Generales sostienen que esta pérdida sustancial de beneficios de vivienda habitual también causará importantes daños económicos y sociales a los Estados, incluyendo una mayor falta de viviendas, una menor productividad y una mayor incidencia de problemas de salud significativos.
Si la norma entra en vigor, los Estados tendrán que asumir importantes costos administrativos y de beneficios sociales. Los caseros o agentes proveedores de viviendas privadas serán mucho menos propensos a participar en programas de subsidios de vivienda, llevando a los estados a buscar más opciones de vivienda asequible y establecer un plan para lidiar con el posible aumento de desalojos e indigencia.
Además de la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, y su homólogo del Distrito de Columbia, Karl Racine; la carta fue firmada por los Fiscales Generales de los estados de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, y Washington.

 

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