Gobernador firma ley de reforma policial

La legislación, oficialmente conocida como HB 6004 y titulada “Una ley sobre responsabilidad policial”, fue firmada por el gobernador Ned Lamont, acompañado de varios funcionarios.

HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont firmó la ley integral de responsabilidad policial.

La ley instituye un nuevo organismo de control estatal para la mala conducta de la policía, prohíbe los “estrangulamientos” en la mayoría de los casos y pone límites a la capacidad de los departamentos de policía para retener los registros disciplinarios de los oficiales.

Además, permite que oficiales individuales sean responsables financieramente en las demandas civiles por sus acciones.

La ley exige que todos los departamentos de todo el Estado equipen a los oficiales con cámaras corporales y limitan el equipo militar que los departamentos de policía de Connecticut pueden adquirir o usar.

La legislación, oficialmente conocida como HB 6004 y titulada “Una ley sobre responsabilidad policial”, fue aprobada por el Senado del estado de Connecticut por una votación de 21-15 y anteriormente por la Cámara de Representantes estatal.

“Estas reformas se centran en lograr un cambio real para poner fin a la discriminación sistémica que existe en nuestros sistemas de justicia penal y policiales que han impactado a las comunidades minoritarias durante demasiado tiempo”, manifestó Lamont

“En última instancia, lo que estamos promulgando son políticas centradas en proporcionar salvaguardas adicionales para proteger la vida de las personas y fortalecer a nuestras comunidades. Nuestra nación y nuestro Estado han tenido una conversación sobre este tema durante décadas, y estas reformas están muy atrasadas:, agregó el Gobernador.

La American Civil Liberties Union (ACLU) de Connecticut mostró su apoyo a la ley, a través de Twitter.

“Poner fin a la violencia policial no se resolverá con un sola ley, pero la legislación aprobada por la legislatura es un buen comienzo”, declaró Melvin Medina, director de política pública y defensa de la ACLU de Connecticut.

La ley es el último esfuerzo a nivel estatal para reformar la policía estadounidense desde que el afroamericano George Floyd murió bajo la custodia de la policía de Minneapolis, en mayo pasado.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, también firmó un proyecto de ley en junio pasado que obliga a los oficiales de policía a usar cámaras corporales y prohibir los estrangulamientos.

El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, firmó un par de proyectos de ley a principios de este mes que requieren que los oficiales que buscan nuevos puestos revelen registros de empleo anteriores y exijan evaluaciones de salud mental de los oficiales y capacitación en el uso de la fuerza.

La ley de Connecticut crea una Oficina del Inspector General independiente a nivel estatal, para investigar todos los usos de la fuerza letal por parte de la policía en el Estado, o todos los casos de muerte bajo custodia policial.

La legislación otorga poder de citación a la oficina del inspector general, y lo acusa de referir posibles procesamientos a la División de Justicia Criminal del Estado.

Además, permite que el organismo de acreditación policial del Estado revoque las credenciales de un oficial de la ley si se determina que han usado fuerza excesiva.

Con ese fin, la ley prohíbe las restricciones de cuello, o “estrangulamientos”, a menos que un agente de la ley “razonablemente crea” que tal retención es necesaria para defenderse del “uso inminente de la fuerza física mortal”.

La ley exige que intervengan los agentes que presencian a otros agentes que usan fuerza excesiva o retenciones prohibidas.

Una de las secciones más debatidas de la ley es un golpe a la “inmunidad calificada”, la idea de que los funcionarios del gobierno están protegidos de demandas civiles mientras realizan las funciones de su trabajo.

Según la ley firmada, los oficiales de policía de Connecticut pueden estar sujetos a una demanda civil y solo pueden reclamar inmunidad si el oficial “creía objetivamente de buena fe que la conducta de dicho oficial no violó la ley”.

Los registros disciplinarios de los oficiales también tienen prohibido estar protegidos por futuros acuerdos de negociación colectiva. Los registros ahora también están sujetos a la Ley de Libertad de Información, finalizaron las autoridades.

 

 

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