Fiscales toman acción legal para proteger a los solicitantes de asilo

Bajo la nueva medida, las personas que ingresen a los Estados Unidos por la frontera sur con México, excepto en circunstancias limitadas, ya no podrán solicitar asilo a menos que soliciten y se les niegue la protección en al menos un país por el que transitaron antes de su llegada a los Estados Unidos por la frontera.

NUEVA YORK.– La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, salió en defensa de la comunidad inmigrante, al oponerse a una norma de la Administración del presidente Donald Trump que, según los defensores, limita ilegalmente el acceso de los inmigrantes al proceso de asilo.
Bajo la nueva medida, las personas que ingresen a los Estados Unidos por la frontera sur con México, excepto en circunstancias limitadas, ya no podrán solicitar asilo a menos que soliciten y se les niegue la protección en al menos un país por el que transitaron antes de su llegada a los Estados Unidos por la frontera.
En un escrito “amicus” presentado esta semana en apoyo de una demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en el caso East Bay Sanctuary Covenant v. Barr – la fiscal general Letitia James y otros 22 fiscales estatales instaron a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito, a que confirme el fallo de la Corte de Distrito que impone una orden judicial preliminar sobre la regla.
“Estados Unidos siempre se ha mantenido como un faro de esperanza para aquellos que buscan refugio de guerras y del terror en casa, y, bajo nuestra supervisión, lucharemos para asegurarnos de ser fieles a lo que somos como nación”, declaró la fiscal James.
“Mientras los niños y las familias huyen de la persecución, la Administración Trump continúa usándolos como peones en su juego de ajedrez político. El mensaje encarnado por la Estatua de la Libertad es claro: ‘Desde el faro de su mano brilla la bienvenida para todo el mundo’. Este país está abierto a todos, no solo a aquellos que el Presidente y su Administración consideran aceptables”, agregó la funcionaria.
Tras la presentación de carta de comentarios, preparada en agosto, y en la que expresaban su oposición a la regla, la coalición de los Fiscales Generales argumentó en el escrito que la norma se apartaría significativamente de los valores fundamentales consagrados en las leyes federales y que perjudicaría específicamente a los solicitantes de asilo.
Los estados miembros de la coalición acogen con beneplácito y se benefician de los solicitantes de asilo y al promulgar la medida, la Administración Trump no proporcionó una notificación adecuada lo que representa una violación de la Ley de Procedimiento Administrativo, señaló James.

La norma obligaría a los solicitantes de asilo a pasar por lo que podría equivaler a un proceso de asilo infructuoso en un tercer país potencialmente peligroso, solo para tener la oportunidad de ser elegible para el asilo en los Estados Unidos.
Esto no solo sometería innecesariamente a los solicitantes de asilo a peligros y traumas durante todo el proceso, sino que también podría alentar a los inmigrantes a intentar viajes riesgosos para ingresar a Estados Unidos sin ser detectados en un esfuerzo por huir de la persecución.
Además, la medida tendría un efecto particularmente negativo en los niños no acompañados, los solicitantes miembros de la comunidad LGBTQ y las mujeres, para quienes solicitar asilo en un tercer país es extremadamente peligroso.
Ejemplo de ello, es lo que sucede a dos tercios de los solicitantes de asilo LGBTQ y centroamericanos que fueron víctimas de actos de violencia sexual mientras transitaban por México y, lo ocurrido en Guatemala, donde los niños son frecuentemente blanco de reclutamiento por pandillas o bandas criminales. Además, la regla haría que las agencias estatales y las organizaciones sin fines de lucro desvíen recursos para abordar el trauma adicional que los solicitantes de asilo sufren debido a las condiciones precarias en los terceros países, al tiempo que obligarán a los Estados a perder las contribuciones económicas de aquellos que, de otro modo, podrían haber sido bienvenidos a los Estados Unidos.
Para la presentación de este escrito, la fiscal general James contó con el respaldo y firma de los Fiscales Generales de los estados de California, Carolina del Norte, Massachusetts, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, y el Distrito de Columbia.

 

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