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Wednesday, October 8, 2025

Defensores y expertos en salud envían carta a Gobernadores pidiéndoles que no nieguen ayuda a inmigrantes

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Los defensores pidieron a los gobernadores incluir a toda la población independientemente del estado migratorio en el apoyo financiero en caso de emergencia, como medida necesaria de salud pública y reconocer e incluir centros de jornaleros y otras organizaciones locales dentro de la infraestructura de respuesta a las emergencias.

NUEVA YORK.- Grupos de salud pública y seguridad de los trabajadores enviaron una carta abierta a los gobernadores de los Estados Unidos, exigiendo que pongan fin a la exclusión de los inmigrantes, trabajadores y familias indocumentados de la asistencia por la pandemia del COVID-19.

En la ciudad de Nueva York, una delegación entregó la carta, firmada por más de 100 representantes de organizaciones de salud pública, seguridad en el lugar de trabajo y defensa de los inmigrantes, en las Oficinas del gobernador Andrew Cuomo, en 633 3rd Avenue, Nueva York.

En la iniciativa participaron miembros de la National Council for Occupational Safety & Health (National COSH); New York Committee for Occupational Safety and Health (NYCOSH), Occupational Safety and Health Committee of the APHA, David Michaels, ex subsecretario de trabajo de OSHA (2009-2017) y representante del grupo de trabajo de trabajadores-formadores de la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), entre otros.

En la ciudad de Nueva York, una delegación de defensores de los inmigrantes entregó una carta, firmada por más de 100 representantes de organizaciones de salud pública y seguridad en el lugar de trabajo, en las Oficinas del gobernador Andrew Cuomo, pidiéndole que no niegue la ayuda a los inmigrantes afectados por la pandemia de COVID-19.

 

LO QUE DICE TEXTUALMENTE PARTE DE LA CARTA

PARA EL GOBERNADOR ANDREW CUOMO

“Las personas y organizaciones abajo firmantes, a partir de nuestro trabajo y experiencia en los sectores del público salud y seguridad y salud en el trabajo, solicitamos respetuosamente que ponga fin a la ilógica exclusión de la población indocumentada de su respuesta a la pandemia, y que tome medidas inmediatas para asegurar que todos los trabajadores migratorios y sus familias reciban el apoyo necesario que este momento demandas.

Representamos muchos años – décadas – de trabajo, experiencia y conocimiento, desarrollando nuestra presencia y relaciones con las comunidades y regiones tan diversas como la población inmigrante a escala nacional. Es por este trabajo y compromiso que sus gobiernos nos han confiado con la implementación de programas gubernamentales en salud pública y derechos laborales. Somos los

instructores de salud y seguridad, médicos, promotores de salud pública y clínicas de salud comunitarias con el que siempre ha contado.

Desde la perspectiva de la salud pública, una respuesta eficaz a la pandemia de coronavirus requiere un nivel muy fundamental:

  • La inclusión de toda la población, independientemente de su estatus migratorio.
  • El reconocimiento del papel central de los centros de trabajadores y los grupos locales de base (sociedad civil) para asegurar el acceso de comunidades marginadas.

Ya existía una crisis de vulnerabilidad para varios sectores laborales en los Estados Unidos y la pandemia ha agudizado esta vulnerabilidad. Los trabajadores continúan enfermándose y continúan muriendo de COVID-19, con un impacto mayor y desproporcionado en los latinos y afroamericanos, una tasa muy alta en comparación con la población en su conjunto.

Las políticas que excluyen a los indocumentados y a la población inmigrante del apoyo federal y estatal solo agrava la crisis, provocando una mayor pérdida de vidas y sufrimiento. Además, el impacto en la salud mental de esta crisis y de esta exclusión rara vez se discute, pero tiene un impacto no menos palpable en la vida de las personas.

Por tal razón pedimos:

  • Incluir a toda la población independientemente del estado migratorio en el apoyo financiero en caso de emergencia, como medida necesaria de salud pública.
  • Reconocer e incluir centros de jornaleros y otras organizaciones locales dentro de la infraestructura de respuesta a las emergencias.

 

 

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