Defensores insisten que ayuda para indocumentados afectados por pandemia no es suficiente

Los trabajadores indocumentados comprenden casi el 5 por ciento de la fuerza laboral en el Estado y pagan más de 100 millones de dólares en impuestos estatales y locales, pero ellos y sus hijos nacidos en los Estados Unidos no son elegibles para recibir la ayuda financiada por el gobierno federal, señalaron miembros de la organización Make The Road Connecticut.

El millón de dólares en ayuda directa es modesto, ya que si se distribuyera uniformemente a cada indocumentado en el Estado recibiría solo 8.33 dólares, señalaron los defensores

NEW HAVEN.- El gobernador Ned Lamont entabló una asociación prometiendo 3.5 millones en dólares estatales para ayudar a las familias indocumentadas que no son elegibles para el alivio federal de la pandemia.

El Departamento de Vivienda del estado proporcionará 2.5 millones de dólares a los propietarios cuyos inquilinos indocumentados se han atrasado en el alquiler, y la organización benéfica estatal 4-CT.org, proporcionará un millón de dólares para distribuir a las familias seleccionadas por grupos comunitarios.

Con un estimado de 120 mil inmigrantes indocumentados en Connecticut, el millón de dólares en ayuda directa es modesto, ya que si se distribuyera uniformemente cada indocumentado en el Estado recibiría solo 8.33 dólares

“Es un buen comienzo, pero déjenme ser muy clara: no es suficiente. La necesidad es grande y las familias están desesperadas”, manifestó Kica Matos, directora del Vera Institute’s Center on Immigration and Justice.

Lamont describió el nuevo programa de ayuda afuera de la oficina de Hartford de un grupo de ayuda a inmigrantes llamado Make the Road Connecticut.

En 2018, 29 mil hogares presentaron impuestos en Connecticut con un Individual Taxpayer Identification Number (ITIN), un número de procesamiento de impuestos disponible para aquellos que no son elegibles para un número de Seguro Social.

De estos, 7 mil 760 presentaron impuestos conjuntamente con un ciudadano estadounidense.

Las mejores estimaciones son que los trabajadores indocumentados comprenden casi el 5 por ciento de la fuerza laboral en Connecticut y pagan más de 100 millones de dólares en impuestos estatales y locales, pero ellos y sus hijos nacidos en los Estados Unidos no son elegibles para recibir ayuda financiada por el gobierno federal.

Eso los deja incapaces de solicitar desempleo, asistencia bajo la ley federal CARES o el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), el programa de asistencia nutricional complementaria.

Los defensores expresaron que les gustaría ver una segunda fase de ayuda, con al menos 30 millones de dólares.

Cuando se le preguntó sobre la ayuda adicional, Lamont respondió “ya veremos, estamos planificando eso aún”.

La ayuda limitada en Connecticut se produce dos semanas después de que California se convirtió en el primer Estado en ofrecer ayuda financiera a los inmigrantes indocumentados, aceptando solicitudes de ayuda bajo un fondo de ayuda público-privado de 125 millones de dólares.

Lamont ha estado bajo presión durante varias semanas para proporcionar ayuda similar.

Matos, una ex vicealcalde en New Haven, aseguró que la comunidad indocumentada fue doblemente golpeada, ya que los nuevos desempleados no tienen acceso a la ayuda, y los que permanecieron empleados fueron expuestos al nuevo coronavirus.

La comisionada del Departamento de Vivienda, Seila Mosquera-Bruno, comentó que todavía estaba trabajando en los detalles de la asistencia de alquiler.

Ted Yang, el ex inversionista de fondos de cobertura y empresario en serie, quien es además el director ejecutivo y cofundador de 4-CT.org, explicó que el millón de dólares en ayuda directa se distribuirían en tarjetas de débito.

“Nos estamos asociando con organizaciones comunitarias y centros de salud comunitarios”, agregó Yang.

Lamont dijo que la ayuda directa por única vez tendría un beneficio secundario de llevar a los beneficiarios a las clínicas de salud, donde se les ofrecería pruebas COVD-19 gratuitas.

Matos dijo que los grupos comunitarios realizarían una evaluación inicial y luego referirían a las familias a las clínicas de salud.

Las tarjetas de débito, consideradas tarjetas 4-CT, llevarían 200 o 400 dólares disponibles. La cantidad dada dependerá de cómo la pandemia impactó a la familia y qué otro tipo de apoyo está disponible para ellos, apuntó Matos.

 

 

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