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Defensores de los inmigrantes buscan expansión de la “Ley de Confianza”

Los defensores de los inmigrantes pidieron que la Connecticut Trust Act (Ley de Confianza), que prohíbe a las fuerzas del orden público ejecutar ciertos arrestos de inmigración, sea ampliada y cerrar las lagunas existentes en la legislación. (Foto: Christine Stuart).

HARTFORD. – La Connecticut Trust Act (Ley de Confianza), que prohíbe a las fuerzas del orden público ejecutar ciertos arrestos de inmigración, fue aprobada en 2014, pero debe ser ampliada, manifestó un grupo de organizaciones de inmigrantes.

Bajo la ley actual, la policía y el Departamento de Correcciones no deberían cumplir con las solicitudes de la U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) para detener a alguien.

Sin embargo, existen lagunas y formas en que el Estado ha estado compartiendo información que facilita la detección de estos individuos por parte de los agentes federales, expresaron los defensores.

El representante William Tong (D-Stamford), expresó que hay preocupaciones de federalismo en torno a los funcionarios federales de inmigración que dirigen las actividades de las fuerzas del orden público estatales y locales.

La nueva propuesta es que Connecticut ignore cualquier detención de inmigración civil a menos que vaya acompañada de una orden judicial.

El Comité Judicial escuchó el testimonio el lunes pasado.

“Si tenemos una razón para retener a alguien porque cometió un delito, podemos mantenerlo bajo la ley estatal, pero si hay una razón para que alguien esté bajo la ley federal de inmigración, entonces debería haber una orden”, explicó Tong.

Tong indicó que debe existir una aclaración de cuáles son las responsabilidades de todos en virtud de la Connecticut Trust Act.

La Connecticut Immigrant Rights Alliance (CIRA) utilizó un gráfico para mostrar que en 2017 se emitieron 321 solicitudes de retención del ICE en Connecticut.

De esos 321, un total de 130 fueron enviados a los tribunales de Connecticut. Al menos 52 de esos detenidos fueron atendidos y resultó en el arresto de una persona. Se estima que 40 de esos 52 individuos fueron detenidos indebidamente.

Los juzgados con las tasas más altas de arresto del ICE son Waterbury, Hartford y Danbury, según la CIRA.

Tong agregó que Connecticut tiene suficientes problemas y que no debería gastar dinero para hacer el trabajo de una agencia federal.

Alok Bhatt, quien está con la CIRA, dijo que el Departamento de Correcciones se comunica regularmente con el ICE y le informa sobre el estado de liberación de cualquier persona de interés para la agencia.

Entonces, incluso si no los retienen, le dicen a ICE tan pronto como la persona pone un pie fuera de una instalación estatal.

“El punto es no dejar que la gente mala salga libre, pero estamos hablando de personas que pueden necesitar los servicios de un Departamento de Policía o un hospital o que necesitan ingresar a un edificio público y que no deberían enfriarse ni disuadirse de hacerlo”, precisó el congresista estatal.

Pero eso es lo que está sucediendo, lamentó Tong.

Existe un temor entre los más de 108 mil inmigrantes indocumentados en Connecticut de que serán deportados, incluso si tienen una tarjeta verde y se encuentran en el camino hacia la ciudadanía.

“La gente tiene miedo de tomar medidas para protegerse y hacer uso de los servicios públicos”, comentó Tong.

David McGuire, director ejecutivo de la Connecticut American Civil Liberties Union (UCLA), declaró que están viendo a la policía local siendo sustituida por el ICE y están haciendo los negocios del ICE.

“A veces lo hacen en formas que son inconstitucionales y definitivamente en formas que están minando la confianza del público en la policía”, señaló McGuire.

Dijo que la legislación ampliada dejaría en claro que las fuerzas de seguridad de Connecticut solo pueden cumplir con una solicitud de detención cuando va acompañada de una orden judicial válida.

“Eso no es pedir demasiado. Debería ser la práctica en este momento”, añadió McGuire.

Nadie presentó testimonio en contra de la legislación.

Actualmente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no cree que la Connecticut Trust Act sea contraria a la ley de inmigración federal. No está claro si esta propuesta podría poner a Connecticut en peligro de perder los fondos para la aplicación de la ley, finalizaron los defensores.

 

 

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