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Carrera contrarreloj para frenar la polémica regla de carga pública

Se han interpuesto casi una docena de demandas contra la norma, que pronto entra en vigor

WASHINGTON DC (AP).- Transcurre en tribunales de costa a costa: a los jueces federales se les pide bloquear una nueva política del gobierno del presidente Donald Trump que está programada a entrar en vigor la próxima semana y que negaría la residencia legal permanente a muchos inmigrantes por el uso de asistencia pública.
Se han interpuesto casi una docena de demandas desde Nueva York hasta California —y algunos de los demandantes son estados, condados, municipalidades, proveedores de servicios e inmigrantes— para evitar que la regla de “carga pública” entre en vigor el 15 de octubre.
Un juez de California presidió una audiencia la semana pasada, mientras que un magistrado de Nueva York llevó a cabo otra el lunes. Varias más están programadas para esta semana.
Las demandas solicitan un interdicto preliminar para evitar que se aplique la regulación mientras continúan las apelaciones. Los jueces han indicado su disposición a emitir fallos antes de la fecha fijada para su aplicación.
“He litigado contra agencias federales y estatales a lo largo de los años y nunca había visto algo así”, dijo Liz Schott, del Centro de Prioridades de Presupuesto y Política, que ha estado siguiendo el proceso de las diversas demandas. “Es una tremendamente amplia gama de partes interesadas, lo que refleja la enorme importancia e impacto de la regla”.
La regla es un paso agresivo del gobierno de Trump para tratar de reescribir las políticas de inmigración de la nación centrándose en negar el estatus de residente permanente a muchos inmigrantes legales a través de lo que se considere “carga pública”.
Actualmente, los inmigrantes legales que buscan convertirse en residentes permanentes (un paso preliminar a la naturalización) deben demostrar que no serán un problema para el país o una carga pública, lo que en la práctica se entiende como principalmente dependiente de ayuda de dinero en efectivo, subsidios de ingreso o asistencia pública de largo plazo.
La regla de la administración Trump va más allá, ya que toma en cuenta el uso pasado y actual de una amplia gama de asistencia como Medicaid, cupones de alimentos y vales de vivienda que actualmente no son consideradas, y factores como la edad del inmigrante, el estado laboral y la capacidad de hablar inglés para determinar si podrían convertirse en carga pública en el futuro, y negarles la residencia legal si los funcionarios deciden que la respuesta es afirmativa.
Esos cambios han indignado a los inmigrantes y sus defensores, quienes dicen que ya ha habido un efecto escalofriante entre los inmigrantes, que ahora tienen miedo de pedir ayuda que pueden obtener para ellos o sus familiares, incluidos los niños que son ciudadanos estadounidenses, por temor a las posibles consecuencias.
También han dicho que los cambios en las reglas son discriminatorios y podrían terminar castigando a los inmigrantes con ingresos más bajos y favorecer aquellos que tienen dinero. El gobierno ha dicho que los cambios en las reglas garantizarían que quienes obtengan el estatus de residencia legal sean autosuficientes.
Los inmigrantes representan una pequeña porción de aquellos que reciben asistencia pública, ya que muchos no son elegibles para recibirlos debido a su estatus migratorio.
Un análisis de Associated Press de los datos del censo muestra que los inmigrantes no ciudadanos con bajos ingresos recurren con menos frecuencia a Medicaid, ayuda alimentaria, asistencia en efectivo y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) que sus contrapartes nacidos en Estados Unidos.
En el caso de Medicaid, los inmigrantes no ciudadanos son sólo el 6.5% de los participantes, mientras que más del 87% son estadounidenses de nacimiento. Para la asistencia alimentaria, los inmigrantes conforman el 8,8% de los beneficiarios, mientas que más del 85% de los participantes son nacidos en el país.

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