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Buscan proteger a ciudades “santuario” y departamentos de policía de recortes financieros por parte del Gobierno

Una coalición de 15 fiscales generales en una acción legal para proteger a las ciudades y departamentos de policía de los recortes de fondos federales, es encabezada por el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman. 

WHITE PLAINS.- El Fiscal General de Nueva York, Eric Schneiderman, encabezó una coalición de 15 fiscales generales en una acción legal para proteger a las ciudades y departamentos de policía de los recortes de fondos federales, apoyando un desafío a los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump para castigar las llamadas ciudades “santuario”.

De acuerdo con Schneiderman Trump puso condiciones relacionadas con la inmigración a las subvenciones para el cumplimiento de la ley.

Los fiscales generales argumentan que estas condiciones interfieren con el derecho de los estados y las localidades a establecer sus propias políticas de aplicación de la ley y que el Departamento de Justicia carece de la autoridad para imponer estas nuevas condiciones.

En el año fiscal 2016, el estado de Nueva York y sus localidades recibieron casi 15 millones de dólares en fondos a través del programa Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant.

Mientras los fondos para el 2017 están actualmente congelados debido al litigio pendiente, la asignación estatal propuesta para el año fiscal 2017 para Nueva York y sus ciudades fue de aproximadamente 14.5 millones de dólares.

La administración Trump ha amenazado a la ciudad de Nueva York por presuntamente violar las condiciones de las subvenciones relacionadas con la inmigración, poniendo en riesgo los fondos de la Ciudad, a pesar de que la subvención lleva el nombre del oficial del Departamento de Policía de Nueva York, Edward Byrne, quien murió mientras cumplía con su deber mientras protegía comunidades de la ciudad de Nueva York”.

En el caso de la ciudad de Chicago contra el secretario del Departamento de Justicia, Jeff Sessions, Chicago desafió la imposición del Departamento de nuevas condiciones relacionadas con la inmigración en las subvenciones emitidas en virtud del programa Byrne-JAG.

El otoño pasado, un tribunal de distrito ingresó un requerimiento preliminar a nivel nacional contra la ejecución por parte del Departamento de Justicia de dos de las nuevas condiciones relacionadas con la inmigración, sosteniendo que la agencia carecía de autoridad para imponerlas.

El caso se encuentra ahora ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Séptimo Circuito.

El escrito fue presentado en el Séptimo Circuito por los Fiscales Generales de Nueva York, California, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Oregón, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.

La ley federal permite a los estados y las localidades limitar su participación voluntaria en la aplicación de la política federal de inmigración, y muchos lo han hecho porque han llegado a la conclusión de que fomentar una relación de confianza entre sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y sus comunidades de inmigrantes promoverá la seguridad pública.

En julio de 2017, el Departamento de Justicia anunció que imponía nuevas condiciones relacionadas con la inmigración a los recipientes de los fondos deByrne-JAG y amenazó con retener los fondos de las jurisdicciones que no cumplían con estas condiciones.

Específicamente, Departamento de Justicia buscó exigir a los estados y ciudades que brinden al Departamento de Seguridad Nacional notificación anticipada de la fecha programada de salida de un inmigrante de una instalación correccional, y otorgar a los agentes federales acceso a las instalaciones correccionales para interrogar a los inmigrantes.

Como argumentaron los Fiscales Generales, las nuevas condiciones violan la ley, el principio constitucional de separación de poderes y los principios de federalismo consagrados en el estatuto Byrne-JAG, que interfieren con las capacidades de los estados y las localidades para establecer sus propias políticas y sobrepasa la autoridad del Departamento de Justicia para imponer las nuevas condiciones bajo el estatuto.

El programa Byrne-JAG es una iniciativa federal que otorga subsidios a los estados y a las ciudades de acuerdo con una fórmula legal obligatoria.

El Congreso diseñó la Byrne-JAG para brindarles a los estados y ciudades una fuente confiable de los fondos para la aplicación de la ley, al tiempo que les brinda la máxima flexibilidad para decidir cómo usar los fondos de acuerdo con la política de aplicación de la ley estatal y local.

El año pasado, el fiscal general Schneiderman publicó una guía legal para apoyar a los gobiernos locales y las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en la protección de las comunidades de inmigrantes vulnerables.

 

 

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