HARTFORD. – En respuesta a los desarrollos en curso relacionados con el brote de COVID-19 y la necesidad de proteger a los residentes de los centros de enfermería, residencias y hospitales de enfermedades crónicas, el gobernador Ned Lamont firmó una orden ejecutiva que otorga al comisionado del Departamento de Salud Pública el poder de restringir las visitas adicionales a dichas instalaciones.
De conformidad con la Executive Order No. 7A, la comisionada del Departamento de Salud Pública, Renée D. Coleman-Mitchell, emitió una orden a los hogares de ancianos y centros de atención a largo plazo que prohíbe cualquier visita durante los próximos 30 días con vigencia inmediata, excepto para varias categorías de personas.
A las personas que sí se permitirá el acceso a los hogares de ancianos son el personal de primeros auxilios, incluidos los servicios médicos de emergencia, la policía, el personal de lucha contra incendios y el manejo de emergencias.
Además, a los miembros de la familia, parejas domésticas u otras personas designadas por un paciente solo cuando el director médico de la instalación, un médico con licencia o una enfermera registrada de práctica avanzada ha determinado que dicho paciente está en la etapa final de su vida y cualquier persona autorizada por ley para supervisar o investigar la provisión de atención y servicios.
Se les está permitido ingresar también a los proveedores de servicios que deben realizar el mantenimiento o la reparación necesaria sin demora para la operación continúa de la instalación, de acuerdo con Lamont.
Cualquier persona a la que se permita el acceso a la instalación deberá someterse a una evaluación de riesgo de COVID-19 por parte del personal de la instalación utilizando el Personal Protection Equipment (PPE) apropiado de acuerdo con los documentos de orientación de los CDC.
La comisionada Coleman-Mitchell y todos los funcionarios reconocen la dificultad que esto plantea para los residentes que desean visitar a sus seres queridos.
Estas restricciones no se imponen a la ligera, pero son absolutamente críticas para proteger a los residentes más vulnerables de una enfermedad que representa un grave riesgo para su salud y seguridad, finalizó la Funcionaria.
