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A pesar de ser bloqueada por Tribunal: Preocupación persiste en inmigrantes por regla de carga pública

La regla de la carga pública dificultaría la obtención de la residencia permanente para los inmigrantes que vinieron legalmente al país si utilizaron los beneficios públicos como cupones de alimentos, cupones de la Sección 8 o Medicaid.

Cerca de 200 mil personas en Connecticut se verán perjudicadas y su acceso a las necesidades humanas básicas como la atención médica, la alimentación y la vivienda se verá en peligro

STAMFORD.- Tres jueces federales “descarrilaron” las políticas de inmigración del presidente Donald Trump a principios de este mes, con fallos que bloquearon los esfuerzos para dificultar que los inmigrantes que dependen de la asistencia pública obtengan un estatus legal en el país.
La regla de carga pública de la administración Trump, una política que hace que sea mucho más fácil para el gobierno negar el estatus legal a los inmigrantes que usan o se considera que pueden usar la asistencia pública, entró en vigencia el 15 de octubre pasado, sin embargo, los jueces federales en Nueva York y Washington ordenaron un bloqueo nacional y otro juez en California detuvo la regla en lugares seleccionados días antes de que entrara en vigencia.
La respuesta de la Casa Blanca a los fallos es en parte que no están de acuerdo con los fallos judiciales, y agrega que los inmigrantes deberían ser autosuficientes y que los estadounidenses no deberían pagar la factura de sus necesidades.
Políticos, grupos de defensa de inmigrantes y profesionales médicos en Connecticut hablaron sobre su impacto negativo. En un esfuerzo por bloquear los cambios de la administración Trump a la regla de carga pública, el senador federal Richard Blumenthal, y el senador federal Mazie Hirono, de Hawái presentaron la legislación en septiembre.
La regla de la carga pública dificultaría la obtención de la residencia permanente para los inmigrantes que vinieron legalmente al país si utilizaron los beneficios públicos como cupones de alimentos, cupones de la Sección 8 o Medicaid.
El gobierno federal podría usar esto como un medio para negarles una visa en el futuro al clasificarlos como cargos públicos. A pesar del bloqueo temporal, los inmigrantes no renuevan sus beneficios.
Antes del cambio propuesto, los programas de salud, nutrición y vivienda estaban excluidos de los criterios que el gobierno federal solía determinar para ver si un inmigrante era considerado una carga pública.
“Cerca de 200 mil personas en Connecticut se verán perjudicadas y su acceso a las necesidades humanas básicas como la atención médica, la alimentación y la vivienda se verá en peligro”, declaró William Tong, Fiscal General de Connecticut
“Miedo, crueldad, brutalidad. Ese es el enfoque de esta administración le da a los inmigrantes. Como resultado de estas políticas, seremos una nación cada vez más pequeña. Los inmigrantes que esta regla busca prohibir en este país son potencialmente las fuentes de científicos, maestros y médicos en una nación que se nutre de la diversidad”, declaró Blumenthal.
En agosto pasado, Connecticut se unió a Nueva York para presentar una demanda para detener los cambios. La demanda, en parte, alega que los cambios demuestran la hostilidad de la administración actual contra los inmigrantes de color.
El mes pasado, el Fiscal General William Tong presentó una moción para solicitar una orden judicial preliminar para evitar que la regla de carga pública de la Administración Trump entre en vigencia.
La moción argumenta que la norma dañaría irreparablemente a millones de no ciudadanos legalmente presentes y a sus familiares al disuadirlos de acceder a los beneficios públicos que legalmente tienen derecho a recibir.
El costo de ayudar a estos inmigrantes legales con alimentos y vivienda recaerá en el estado de Connecticut, lo que resultará en serios problemas económicos y daños a la salud pública, agregó Tong.
Tong precisó que “la regla de la carga pública ha infundido miedo y caos en las comunidades de inmigrantes de Connecticut. Si la Administración Trump no se detiene, cerca de 200 mil personas en Connecticut se verán perjudicadas y su acceso a las necesidades humanas básicas como la atención médica, la alimentación y la vivienda se verán en peligro. Esto es innecesariamente cruel y despiadado y estamos haciendo todo lo posible para detener este ataque contra las familias inmigrantes.

 

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