HARTFORD.- Los defensores de los inmigrantes se pararon en las escaleras del capitolio de Connecticut, el lunes pasado, y prometieron proteger a sus comunidades bajo una segunda administración de Donald Trump, a la luz de los planes declarados por el presidente electo de llevar a cabo deportaciones masivas.
“Es la política y es la ley del estado de Connecticut respetar, honrar y proteger a los inmigrantes y a las familias inmigrantes aquí en Connecticut. No están solos”, dijo el fiscal general del Estado, William Tong.
Tong no ofreció detalles sobre las acciones legales específicas que el Estado podría tomar para garantizar la seguridad de esas comunidades, y dijo que el futuro sigue siendo incierto.
“No creo que nadie sepa cuándo, cómo y dónde nos van a atacar y cómo, pero sabemos que van a venir y que está en lo más alto de su lista, por lo que debemos estar preparados”, dijo el funcionario.
Desde su campaña presidencial de 2016, Trump ha hecho afirmaciones extremas sobre la aplicación de la ley migratoria, incluida la promesa de construir un muro fronterizo que, según dijo, se extendería de costa a costa y sería financiado por el gobierno de México. Aunque Trump agregó elementos a la infraestructura del muro fronterizo existente, México no pagó por esos proyectos y la promesa de costa a costa no se cumplió.
Pero Trump promulgó otras políticas migratorias de línea dura durante su primer mandato. Hizo que fuera más difícil para los solicitantes de asilo seguir con sus casos legales y separó a los niños de sus padres.
De cara a 2025, Trump se ha comprometido a promulgar políticas mucho más estrictas, incluido un programa de deportación masiva para “sacar a los criminales”.
Durante su campaña presidencial más reciente, también prometió poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Connecticut ha tomado previamente medidas para proteger a los inmigrantes, incluida la Trust Act o “Ley de Confianza” de 2019, que limita los casos en que las fuerzas del orden estatales pueden detener a las personas que están siendo perseguidas por funcionarios federales de inmigración.
Tong dijo que la “Ley de Confianza” pone la responsabilidad de hacer cumplir las leyes de inmigración en las autoridades federales.
“Ese es su trabajo, no es nuestro trabajo. Por lo tanto, el gobierno federal no puede venir a Connecticut y apropiarse de los recursos estatales (las fuerzas de seguridad estatales) para hacer su trabajo por ellos”, señaló el Fiscal General.
Connecticut también ha tomado medidas para proporcionar una cobertura similar a Medicaid, patrocinada por el Estado, para los niños de 15 años o menos que cumplan con los requisitos de elegibilidad de ingresos, independientemente de su estatus migratorio.
Los niños inscritos en el programa pueden mantener la cobertura hasta que cumplan 19 años.
La expansión del programa se ha producido en fases, lo que a menudo frustró a los partidarios. La legislatura aprobó originalmente una ley que extendía la cobertura a los niños de 8 años o menos en 2021, y luego amplió el programa para incluir a los niños de 12 años o menos en 2022. Esa cobertura comenzó el 1º de enero de 2023 y luego se extendió a los niños de 13 a 15 años en julio de 2024.
El liderazgo estatal demócrata se comprometió a principios de este año a impulsar la expansión de la edad de elegibilidad más allá de los 15 años.
El alcalde de Hartford, Arunan Arulampalam, hijo de inmigrantes de Sri Lanka, dijo que la Ciudad está en camino de tener su año más seguro en dos décadas gracias a las iniciativas de prevención de la violencia, y que invertir recursos en redadas de inmigración no ayudaría a ese esfuerzo. “Hemos hecho las cosas de la manera correcta para mantener seguras a nuestras comunidades. Sabemos lo que estamos haciendo”, dijo el Alcalde.
“Perseguir a los inmigrantes que trabajan duro en nuestras comunidades no es lo que nos mantiene seguros, no va a conducir a comunidades más seguras. Va a conducir a más miedo e incertidumbre”, finalizó Arulampalam.
