HARTFORD.- El Departamento de Salud Pública de Connecticut llegó a un acuerdo con la ex comisionada de la agencia, quien fue despedida en las primeras semanas de la pandemia de coronavirus.
Renee Coleman-Mitchell, ex funcionaria afroamericana, había acusado al gobernador Ned Lamont de discriminarla al nombrar a varios blancos para liderar la respuesta a la crisis.
El acuerdo, firmado el lunes pasado, resuelve una demanda federal presentada el año pasado por la ex comisionada, quien fue destituida el 12 de mayo de 2020.
Si bien no admitió haber cometido ningún delito ni violar la ley estatal o federal, el Estado acordó pagarle a la ex funcionaria 200 mil dólares.
La mayor parte del dinero, 160 mil dólares, cubre “daños compensatorios por angustia emocional, lesiones físicas personales y enfermedades físicas” en relación con su despido.
Los 40 mil dólares restantes cubrirán sus honorarios y costos legales.
El acuerdo también estipula que el estado pagará mil 249 dólares al Departamento de Trabajo de Connecticut para resolver un pago excesivo de beneficios de compensación por desempleo que Coleman-Mitchell había recibido en mayo de 2020 y para el cual no era elegible según la ley estatal.
Además, Coleman-Mitchell acordó no entablar más litigios sobre el asunto ni solicitar empleo en el futuro en el Departamento de Salud Pública de Connecticut.
Adam Joseph, portavoz de Lamont, expresó que “estamos contentos de haber llegado a este acuerdo. Creemos que el acuerdo habla por sí solo y le deseamos lo mejor a la señora Coleman-Mitchell”.
En su demanda original, Coleman-Mitchell dijo que nunca recibió una indemnización por despido ni consideración para otro puesto, como prometió Lamont, cuando fue destituida como comisionada.
El año pasado dijo que no pudo encontrar otro trabajo debido al daño causado a su reputación.
Según el acuerdo finalizado el lunes pasado, el motivo de la salida de Coleman-Mitchell del gobierno estatal ahora figurará como “dimitió con buena reputación”, en lugar de “nombramiento no clasificado discontinuado”.
Coleman-Mitchell estuvo entre docenas de líderes de salud pública estatales y locales en todo Estados Unidos que renunciaron o fueron despedidos en los primeros meses del brote de COVID-19 mientras los gobiernos locales navegaban por la política en torno al uso de máscaras, los cierres y los datos de infección.