HARTFORD.- El defensor Tim Appleton planea pasar las próximas cinco semanas recorriendo Connecticut a pie en una campaña para generar presión pública sobre los legisladores estatales para que aprueben una legislación, estancada durante mucho tiempo, que permita a los adultos con enfermedades terminales terminar con sus propias vidas con medicamentos.
Appleton, director de campaña del grupo de defensa Compassion and Choices, comenzará una caminata de casi 300 millas esta semana en South Windsor.
Appleton, que recorrerá alrededor de 10 millas por día durante seis días a la semana, espera pasar por aproximadamente dos tercios de los distritos legislativos de Connecticut y convocar pequeños eventos informativos a lo largo del camino.
El defensor dijo que tomó prestada la idea del senador federal Chris Murphy, quien el mes pasado pospuso una gira anual de caminata y escucha debido a un diagnóstico de COVID-19.
“Chris Murphy hizo una caminata similar y pensé que sería interesante tomar esa buena idea y utilizarla para crear conciencia sobre la ´ayuda para morir´”, dijo Appleton.
El directivo, que tiene 57 años, dijo que se sentía preparado para la caminata y que había estado entrenando desde mediados de julio mediante una rutina mejorada de caminata y natación.
“Por muy incómodo que sea caminar 10 millas por día durante 35 días, palidece en comparación con la agonía y el sufrimiento de aquellos que literalmente han muerto esperando que se apruebe esta legislación. Ese es el mensaje: la gente está literalmente muriendo en agonía”, dijo el defensor.
Aunque Appleton confiaba en su capacidad para completar la ambiciosa caminata, él y otros partidarios del proyecto de ley de “ayuda para morir” enfrentan un camino cuesta arriba en la legislatura estatal, donde la propuesta largamente contemplada parece estar en un punto muerto en un comité clave.
Durante tres sesiones consecutivas, la legislación se ha estancado en el Comité Judicial, donde los líderes dicen que la propuesta carece del apoyo adecuado para ser aprobada.
Las preocupaciones sobre la política están presentes en ambos lados del pasillo y provienen de varias comunidades diferentes.
Los defensores de las personas discapacitadas han expresado durante mucho tiempo sus temores de que el proyecto de ley ponga al Estado en un camino que permitiría que los residentes sean obligados a poner fin a sus vidas, y algunos grupos religiosos han argumentado que prioriza el suicidio sobre la mejora de la atención al final de la vida.
