HARTFORD.- La Casa Blanca anunció esta semana una nueva iniciativa que ha sido un objetivo clave para los defensores de la seguridad de las armas y los legisladores de Connecticut en el Congreso: la formación de la primera Oficina de Prevención de la Violencia Armada.
Durante años, sus defensores instaron al gobierno federal a crear un rol que implementara una respuesta coordinada destinada a reducir la violencia armada, particularmente en ausencia de una legislación adicional sobre la seguridad de las armas, como una prohibición de las armas de asalto y verificaciones universales de antecedentes.
En respuesta a ese impulso, el senador federal Chris Murphy, demócrata por Connecticut, y el representante Maxwell Alejandro Frost, demócrata por Florida, propusieron en marzo pasado una ley que crearía una función similar, aunque su propuesta era un poco diferente de la que finalmente estableció el presidente Biden.
El senador federal Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, fue el principal copatrocinador de la versión del proyecto de ley del Senado.
Pero con poco movimiento en el Congreso sobre nuevos proyectos de ley sobre las armas, Biden siguió adelante con una orden ejecutiva que crea la Oficina de Prevención de la Violencia Armada dentro de la Casa Blanca, que será supervisada por la vicepresidenta Kamala Harris e incluye a los defensores de la seguridad de las armas Stefanie Feldman, Greg Jackson y Rob Wilcox.
La oficina también desempeñará un papel en la implementación continua de la Bipartisan Safer Communities Act, el principal proyecto de ley sobre seguridad de las armas aprobado por el Congreso el año pasado.
“Seguiré instando al Congreso a tomar medidas de sentido común que la mayoría de los estadounidenses apoyen, como promulgar verificaciones de antecedentes universales y prohibir las armas de asalto y los cargadores de municiones de alta capacidad”, dijo Biden.
Si bien estará financiada y dotada de personal por la administración Biden, la oficina estará bajo el control total de los futuros presidentes que podrían decidir quitarle fondos o eliminarla.
Por eso, a los legisladores todavía les gustaría aprobar la legislación para convertirla en un elemento permanente en la Casa Blanca.
Los patrocinadores del proyecto de ley argumentaron que una oficina establecería un lugar centralizado dentro del gobierno federal para abordar las lagunas en la investigación, ofrecer recomendaciones de políticas, mejorar el National Instant Criminal Background Check System y entregar al Congreso un informe anual sobre la violencia armada.
