WASHINGTON DC.- Los adultos latinos y afroamericanos en los Estados Unidos corren un riesgo mucho mayor de experimentar inseguridad alimentaria (no acceder a comida suficiente) que los blancos no hispanos, según un estudio del Urban Institute.
La inflación, en especial en el precio de los alimentos, ha dificultado a muchas familias sus compras básicas. Y es probable que la situación se agrave tras el final de las ayudas adicionales de cupones de comida establecidas en la pandemia.
El estudio, que se basó en encuestas anuales de 2019 a 2022, concluyó que es un 50% más alta la proporción de hispanos y negros sondeados que dijo padecer inseguridad alimentaria.
De acuerdo con los autores del análisis, la disparidad sugiere que estas familias son más vulnerables al alza de precios.
A finales de febrero el Gobierno federal puso fin a la expansión de beneficios como el aumento del dinero en cupones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
Cinco millones de beneficiarios (el 23%) de SNAP viven en hogares cuya cabeza de familia es hispana, según el Center on Budget and Policy Priorities.
Con el recorte, unos cuatro millones de hogares hispanos pudieran perder la asistencia extra, según este grupo.
En la lucha contra el hambre “la primera línea de defensa suele ser SNAP, por lo que es difícil conciliar la erosión de los fondos de emergencia”, dice Kassandra Martincheck, investigadora del Urban Institute y autora del estudio.
Marco Grimaldo, estratega para comunidades latinas del grupo cristiano Bread for the World, dice que líderes de organizaciones benéficas de todo los Estados Unidos están en comunicación para conocer las necesidades alimentarias de familias hispanas, que, según dijo, varían según el nivel educativo y el estado migratorio.
La Casa Blanca celebrará este viernes una conferencia virtual sobre el hambre, la nutrición y la salud como parte de una iniciativa contra la inseguridad alimentaria.
Un grupo de senadores presentó el miércoles pasado una propuesta de ley para que los puertorriqueños accedan a los mismos beneficios de asistencia alimentaria que los demás ciudadanos estadounidenses.
La Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional para Puerto Rico fue presentada el miércoles por Kristen Gillibrand, demócrata de Nueva York; Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut; y el líder de la bancada demócrata, Chuck Schumer.
Hay un proyecto de ley complementario en la Cámara de Representantes, introducido a principios de mes por la delegada de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón, y que cuenta con el apoyo de legisladores de ambos partidos.
La población boricua, pese a ser estadounidense, tiene restringido el acceso a varios programas federales. El año pasado la Suprema Corte dicto que el Congreso puede excluirlos de beneficios en caso de discapacidad.
Quienes viven en la isla tampoco son elegibles para el programa SNAP desde 1981, cuando el Congreso excluyó a Puerto Rico con el argumento de reducir gastos.
Los habitantes de Guam y las Islas Vírgenes estadounidenses, también territorios estadounidenses, sí reciben la ayuda SNAP.
El programa PAN tiene un presupuesto fijo cada año, mientras que SNAP puede ajustarse según las necesidades, por ejemplo ante emergencias como desastres naturales.
Puerto Rico sigue recuperándose del impacto de los huracanes Irma y María en 2017, y Fiona en 2022, que devastaron entre otras cosas los cultivos agrícolas. Además, su economía lleva años en una crisis que fue agravada por la pandemia.
En cifras: Aproximadamente la mitad de la población de la isla recibe beneficios del PAN.
Puerto Rico importa alrededor del 85% de sus alimentos, lo que los encarece y significa que suelen ser menos frescos, según datos recopilados por el Center on Budget and Policy Priorities.
Entre el 30 y 40% de las familias boricuas padecen inseguridad alimentaria, según una encuesta de la Universidad George Washington. (Tomado de TELEMUNDO).
