STAMFORD.- Una coalición de 15 estados de tendencia conservadora en el país, incluido Texas, lanzó un nuevo intento de mantener vigente la norma lanzada desde la presidencia de Donald Trump que permite expulsar de manera expedita a los solicitantes de asilo en la frontera sur por razones de salud pública.
El lunes pasado por la noche, la coalición presentó lo que se llama una moción para intervenir, es decir, un pedido para ser parte del proceso legal en torno a la norma de salud pública conocida como Título 42, la norma instaurada por el gobierno de Donald Trump desde 2020 que bajo la autoridad de salud pública permite rechazar solicitantes de asilo en la frontera con base en la necesidad de frenar la propagación de COVID-19.
La aplicación de la regla expira el 21 de diciembre, lo que podría trastocar las medidas fronterizas en momentos en que los republicanos se aprestan a asumir el control de la Cámara de Representantes con planes de hacer de la inmigración una piedra angular de su agenda.
Los estados argumentan que sufrirán “daños irreparables ante la terminación inminente del Título 42″ y que se les debe permitir presentar argumentos mucho antes del 21 de diciembre.
¿Qué es el título 42?
El Título 42 tiene su origen en una ley del siglo XIX diseñada para detener “la introducción” de enfermedades contagiosas en los Estados Unidos.
Con el pretexto de esa normativa, Estados Unidos no permite a los migrantes solicitar asilo cuando llegan a su territorio y son expulsados del país por la vía rápida.
La principal diferencia entre normativas consiste en que el Título 8 obliga a las autoridades a trasladar a los indocumentados a centros de detención durante varias horas donde pueden pedir asilo, mientras que el Título 42 permite resolver la deportación en 15 minutos y sin espacio para el asilo.
Bajo el Título 42, Estados Unidos ha expulsado a más de 2.5 millones de migrantes, según datos de la organización International Rescue Committee.
En caso de ser suspendida esa normativa puesta en pie por el expresidente Donald Trump (2017-2021) se aplicaría el Título 8, que permite a los migrantes solicitar asilo en los puertos de entrada y da la potestad al Gobierno para deportar e incluso imponer penalidades a quienes no cumplan con los requisitos y sean considerados inadmisibles.
Entre los planes del Ejecutivo están incluidas medidas para reducir los tiempos de procesamiento, aplicar represalias a quienes crucen la frontera de manera ilegal y trabajar con gobiernos de la región, incluyendo México, para hacer frente a los coyotes y traficantes de personas, explicó el subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Blas Núñez-Neto.
Defensores de los inmigrantes se oponen al Título 52
En un comunicado, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), quien ha esgrimido argumentos a favor de anular la aplicación del Título 42, puso en duda los motivos de los estados para mantener vigente la normativa de salud pública.
“El Título 42 no tiene que ver con la aplicación del asilo en la frontera, sino con la salud pública, y estos estados no pueden alegar de manera creíble que su verdadero interés es la salud pública”, manifestó Lee Gelernt.
Grupos defensores de los inmigrantes sostienen que el Título 42 perjudica injustamente a personas que huyen de la persecución, y que la pandemia fue usada como pretexto por el gobierno de Trump para inhibir la inmigración.
El 15 de noviembre pasado, un juez falló a favor de los grupos pro inmigrantes, y calificó la prohibición de “arbitraria y caprichosa”.
El juez Emmet Sullivan falló en Washington que la aplicación de esa ley debe cesar inmediatamente para familias y para adultos que llegan solos.
El gobierno no ha aplicado el Título 42 a los niños que viajan solos.
El juez luego aprobó un pedido del gobierno del presidente Joe Biden de fijar el 21 de diciembre como plazo para que su orden entre en vigor, a fin de darle al gobierno cinco semanas de tiempo para prepararse.
La resolución judicial de Sullivan no solo tumbó una de las últimas barreras impuestas por Trump a la inmigración que quedaban en pie, sino que supuso un desafío para la Administración de Joe Biden en un momento en que se registran detenciones récord de migrantes indocumentados en la frontera con México.
Republicanos temen oleada de inmigrantes
Los 15 estados argumentan que estados como Arizona y Texas, que colindan con México, así como otros más distantes, recibirán mucha más inmigración si se deja de aplicar el Título 42. Los documentos judiciales presentados en tribunales proponen un cronograma para debatir el tema.
Si se mantiene el fallo del juez Sullivan, ello podría afectar pronunciadamente las medidas migratorias en la frontera.
Se han realizado más de 2.4 millones de expulsiones de migrantes desde Estados Unidos desde que la ley empezó a aplicarse en marzo de 2020.
El fallo de Sullivan parece contradecir el emitido en mayo por un juez federal en Luisiana que mantuvo las restricciones al asilo.
Antes de la decisión del juez en Luisiana, las autoridades estadounidenses dijeron que hacían preparativos para lidiar con hasta 18 mil migrantes al día en el escenario más difícil, una cifra alarmante.
En comparación, en mayo se hicieron en promedio 7 mil 800 detenciones al día, y la cifra fue la más alta durante la presidencia de Biden.
Centroamericanos y mexicanos los más afectados
La prohibición se ha aplicado en forma dispareja según la nacionalidad y ha afectado principalmente a los migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, además de los mexicanos, porque México recibe a los ciudadanos de esos países que son expulsados por los Estados Unidos.
El mes pasado, México comenzó a aceptar también a los venezolanos expulsados por los Estados Unidos al amparo del Título 42, lo cual redujo considerablemente el número de migrantes venezolanos que solicitan asilo en la frontera estadounidense.
El gobierno de Biden delegó inicialmente a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) la decisión de mantener vigente del Título 42, a pesar del escepticismo de algunos copartidarios del presidente y de grupos activistas sobre la necesidad de la normativa.
En abril, los CDC dijeron que pondrían fin a la orden de salud pública y que se reanudaría el procesamiento normal de los migrantes, brindándoles la oportunidad de solicitar asilo en los Estados Unidos.
La corte en Luisiana suspendió el fallo y la corte en Washington puso fin la semana pasada a la aplicación del Título 42.
Los 15 estados que presentaron la moción para intervenir son Arizona, Alabama, Alaska, Kansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming.
