STAMFORD.- Según los datos del Censo, la situación inmigratoria es uno de los ejes de las próximas elecciones intermedias en los Estados Unidos, y no es para menos: viven en el país unos 45 millones de inmigrantes.
De acuerdo con los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), el tema ha escalado en el último período debido a que el número de personas que cruzaron la frontera sur del país de forma Indocumentada superó un récord histórico: hubo más de 2 millones de registros durante el año fiscal 2022.
Este es un tema que suma presión al Gobierno del presidente Joe Biden, cuando faltan poco para las elecciones intermedias que, entre otras cosas, definirán quién tiene el control del Senado y de la Cámara de Representantes, clave para impulsar iniciativas legislativas o reformar las existentes.
En términos generales, demócratas y republicanos han hecho campaña de cara a los comicios de noviembre con miradas opuestas sobre qué hacer ante las presiones que existen sobre el sistema inmigratorio.
Según un reporte del Pew Research Center del mes de septiembre, los republicanos consideran prioritaria la seguridad fronteriza y la deportación de quienes están en el país ilegalmente, mientras que los demócratas otorgan mayor importancia a los caminos hacia el estatus legal de aquellos que ingresaron ilegalmente al país, especialmente para quienes lo hicieron siendo niños.
Desde que asumió el cargo en enero de 2021, Biden trabajó para revertir las restricciones inmigratorias de la era Trump aumentando las admisiones de refugiados, preservando la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), y no haciendo cumplir la regla de “carga pública” que niega las tarjetas de residencia a los inmigrantes que podrían usar beneficios como Medicaid, entre otras cosas. Sin embargo, todo indica que no ha logrado ir más allá.
Seguridad fronteriza
Se trata del primer punto de conflicto para el Gobierno de Biden, debido al aumento de las llegadas que las autoridades atribuyen al mayor número de personas procedentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, como consecuencia del recrudecimiento de la crisis en esos países.
No es un dato menor: mientras que décadas atrás los migrantes que llegaban a la frontera eran abrumadoramente mexicanos, y hace algunos años se sumaron los provenientes del triángulo norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, en la actualidad muchos de los llegados lo hacen desde Cuba, Venezuela, Nicaragua y hasta Colombia y Perú.
El Gobierno llega a las elecciones con una situación de parálisis al respecto de la seguridad fronteriza, o al menos en una de idas y vueltas.
Traslado de inmigrantes por parte de gobernadores republicanos
Varios gobernadores republicanos, entre ellos, Ron DeSantis de Florida, Greg Abbott de Texas y Doug Ducey de Arizona, han enviado grupos de inmigrantes a ciudades gobernadas por los demócratas como una afrenta contra ellos y la Casa Blanca, lo que ha llevado el tema de la inmigración al primer plano de la discusión nacional y ha suscitado fuertes críticas de los defensores de los inmigrantes, de los funcionarios municipales y de la administración de Biden.
“La vicepresidenta Kamala Harris afirma que nuestra frontera es ‘segura’ y niega la crisis”, publicó en Twitter al respecto el gobernador Greg Abbott, principal impulsor del envío de migrantes hacia el noreste del país.
“Estamos enviando migrantes a su patio trasero para pedirle a la administración del presidente Biden que haga su trabajo y haga que la frontera sea segura”.
Este mensaje resume a la perfección el enfrentamiento entre los gobernadores republicanos del sur y el Gobierno federal demócrata. En medio de esa disputa política quedaron, precisamente, los inmigrantes que llegan a Estados Unidos después de viajes extenuantes y rodeados de peligros.
Título 42
En los primeros días de la pandemia de COVID-19, bajo el Gobierno de Donald Trump, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una orden de salud pública que según los funcionarios tenía como objetivo detener la propagación del virus.
Se conoció como Título 42, por la parte del código de los Estados Unidos que permitió que el director de los CDC la emitiera, y permitió a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de los Estados Unidos.
Dicho título se ha prorrogado en varias oportunidades, incluso más allá del mandato del presidente republicano.
Pese a las promesas de campaña, bajo el Gobierno de Biden ha sido utilizado para devolver a miles de migrantes venezolanos que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos.
Acción Diferida o DACA
El programa de Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) creado en 2012, protegió de la deportación a unos 800 mil jóvenes inmigrantes que llegaron o se quedaron en los Estados Unidos de manera ilegal antes de cumplir los 16 años. Además, DACA también dio a los beneficiarios, conocidos como dreamers (soñadores), autorización para ejercer algunos trabajos.
Sin embargo, DACA no ofrece un camino para la ciudadanía, ya que existen vías limitadas para permitir que inmigrantes no autorizados adquieran el estatus de residentes permanentes que les da la tarjeta verde o green card, a comparación de los que ingresaron legalmente, por ejemplo, con una visa temporal.
Además, en 2017 DACA sufrió un duro golpe cuando el Gobierno de Donald Trump anunció la cancelación del programa, decisión que fue bloqueada por la Corte Suprema pero que contribuyó a aumentar la incertidumbre entre miles de sus beneficiarios.
En agosto de este año, el Gobierno de Biden dio un paso a favor de la preservación del programa, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la regla final, que reemplaza un memorando de la era Obama.
Estatus de Protección Temporal o TPS
Cientos de miles de inmigrantes que residen en los Estados Unidos podrían encontrarse en un limbo legal después de que se frustraron las conversaciones entre abogados y el gobierno de Joe Biden sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS).
El caso se deriva de una demanda de 2018 contra la administración Trump que intentó poner fin a una forma de ayuda humanitaria destinada a los migrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán y, más tarde, para Nepal y Honduras.
El Estatus de Protección Temporal (TPS) protege a los inmigrantes de países que han sido golpeados por condiciones extremas, como epidemias, guerras o desastres naturales y que se encuentran en los Estados Unidos.
Pero el Gobierno de Trump intentó terminar con las protecciones para la mayoría de los inmigrantes bajo el programa, argumentando que las condiciones iniciales que las requerían ya no estaban presentes.
En septiembre pasado entró en vigor la extensión de esta forma ayuda humanitaria para los venezolanos. Va hasta el 10 de marzo de 2024. (Tomado de CNN).
