STAMFORD.- Tras 16 meses de negociaciones entre el gobierno del presidente Joe Biden y un grupo de demandantes integrado por beneficiarios del Programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) y sus hijos ciudadanos estadounidenses, las conversaciones de conciliación se desmoronaron esta semana, dejando a unos 260 mil inmigrantes al borde de la deportación de los Estados Unidos.
“Cientos de miles de personas han tenido protección humanitaria en los Estados Unidos durante más de dos décadas”, manifestó Emic MacLean, abogada de la American Civil Liberties Union (ACLU) del norte de California que representa a los demandantes.
“Que corran el riesgo de ser arrancados de sus comunidades y familias es cruel e injusto. El presidente Biden debe actuar de inmediato para deshacer la eliminación racista de TPS de Trump y garantizar la protección de los titulares de TPS”, agregó.
MacLean dijo además que “los titulares de TPS y sus familias no deberían estar en el limbo ni un día más”.
El programa humanitario otorga un amparo de deportación y una autorización de empleo temporal renovable cada dos años mientras dura la protección, hasta el 31 de diciembre de 2022.
Historia de las negociaciones
En junio del año pasado, los equipos legales que representan a los demandantes y al gobierno de Biden en el caso denominado ‘Ramos v. Mayorkas’, solicitaron oficialmente una moción conjunta para ingresar al Programa de Mediación de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito.
“Esto significa que la Administración de Biden ahora entrará oficialmente en negociaciones para llegar a un posible acuerdo con los demandantes y resolver la demanda que comenzó después de que la administración de Donald Trump intentara terminar en 2018 el TPS de varios países, amenazando con despojar a más de 400 mil beneficiarios de su estatus legal”, dijo en esa ocasión la National Day Laborer Organizing Network (NDLON).
La NDLON dijo además que “necesitamos que la Administración Biden continúe re-designando el estatus de TPS y expandiendo el programa a todas las comunidades de migrantes que necesitan ayuda inmediata en estos momentos de crisis sin precedentes”.
“A medida que comenzamos a discutir un posible acuerdo, continuaremos presionando por re-designaciones para los centroamericanos, como los hondureños, que continúan huyendo de condiciones inestables como causa de los recientes huracanes catastróficos y una crisis política en curso”, señaló la NDLON.
Fracasaron las negociaciones
Esta semana, la ACLU dijo que las conversaciones de conciliación “colapsaron oficialmente ayer por la tarde, dejando a más de 260 mil personas en riesgo de deportación”.
La demanda fue presentada por primera vez en 2018 después de que Trump revocara las protecciones para personas de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán y, más tarde, para Nepal y Honduras.
Aunque desde entonces la administración Biden ha re-designado el estatus de Haití y Sudán, la Casa Blanca no ha extendido las mismas protecciones para los otros cuatro países, situación que genera una honda preocupación.
A través de la demanda de “Ramos v. Mayorkas”, los titulares de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses obtuvieron un alivio temporal en octubre de 2018, cuando un juez de un tribunal de distrito federal dictaminó que las terminaciones del programa hechas por Trump eran “ilegales” y motivadas por intenciones “racistas”.
Sin embargo, según explica la ACLU, en septiembre de 2020 un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito revocó la orden del tribunal inferior.
“Esa decisión aún no es definitiva porque la solicitud de los demandantes de una nueva audiencia ante el Noveno Circuito en pleno sigue pendiente”, indicó la organización.
