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Sunday, September 19, 2021

Toma forma Junta que promueve equidad social en el comercio de cannabis

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NEW HAVEN.- Un mes después de que el proyecto de ley de legalización del cannabis se convirtiera en ley, el gobernador Ned Lamont y cuatro de los seis principales líderes legislativos han hecho nombramientos para formar un Social Equity Council de 15 miembros, responsable de promover la participación diversa en la nueva industria en desarrollo.

La Junta ya se enfrenta a un objetivo establecido legislativamente a mediados de agosto para establecer criterios para la investigación de las distintas consecuencias sociales, económicas y familiares de la criminalización del cannabis y cómo pueden abordarse con un comercio legal de marihuana.

“Me enorgullece que la ley del cannabis incluya disposiciones que requieren que el Estado establezca un mercado que sea justo, esté bien regulado y dé prioridad a la equidad social, particularmente cuando se trata de corregir algunos de los errores de las últimas décadas”, Expresó Lamont.

Con la firma del Gobernador el 22 de junio pasado, Connecticut legalizó la producción, venta y uso de la marihuana recreativa por parte de adultos, aunque se espera que la regulación y concesión de licencias a productores y minoristas por parte del Departamento de Protección al Consumidor demore un año.

Andrea Comer, una ex periodista con una segunda carrera en el gobierno y las relaciones gubernamentales, es la elección del gobernador para ser la persona clave sobre el cannabis como nueva subcomisionada de protección al consumidor.

Actualmente trabaja para la autoridad cuasi pública responsable del nuevo programa de licencia familiar y médica remunerada.

Comer también será la persona designada por el Departamento de Protección al Consumidor para el Social Equity Council.

Por estatuto, el Tesorero del Estado, el Secretario de Políticas y Administración y los comisionados de Protección al Consumidor y Desarrollo Económico o sus designados son miembros del Consejo.

Además de esos cuatro, hay 11 miembros designados, la mayoría requeridos por ley para aportar experiencia específica o representar a ciertos distritos electorales.

Lamont tiene cuatro de esos nombramientos, y los seis principales líderes legislativos tienen cada uno, al igual que el Black and Puerto Rican Caucus de la Legislatura.

“El Social Equity Council, cuidadosamente seleccionado y bien calificado, desempeñará un papel importante a medida que el mercado de cannabis de Connecticut pasa de ser peligroso y no regulado a uno que apoyará un nuevo sector equitativo de nuestra economía”, comentó Lamont.

“En los próximos años, jugará un papel crucial en la reinversión generalizada en las comunidades más afectadas”, agregó el funcionario.

Cómo definir la equidad social en la nueva industria fue una de las preguntas más difíciles de resolver para Lamont y los legisladores.

Las licencias de producción comercial para el mercado recreativo costarían hasta 3 millones de dólares, mientras que la tarifa para un microcultivador sería de mil dólares.

La mitad de todas las licencias de cultivo, envasado, transporte y venta están reservadas para los solicitantes de equidad social, que deben ser de zonas censales afectadas de manera desproporcionada por la guerra contra las drogas.

La mayoría de los estados ofrecen diversos grados de legalización, despenalización o uso médico únicamente del cannabis.

Connecticut es el decimonoveno Estado en optar por la legalización total, uniéndose a los vecinos del noreste: Nueva York, Massachusetts, Vermont, Maine y Nueva Jersey.

El jueves pasado, Lamont anunció dos de sus cuatro nombramientos para el Social Equity Council: Joseph Williams, asesor empresarial y especialista comercial en el Connecticut Small Business Development Center en UConn; y Kelli Vallieres, directora ejecutiva de la Connecticut Office or Workforce Strategies.

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