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Wednesday, April 21, 2021

Demanda federal motiva debate sobre viviendas asequibles en CT

Lo que está en juego en la demanda de Connecticut son las políticas locales que restringen dónde se pueden usar los vales de vivienda de la Sección 8 y dónde las autoridades de vivienda tienen la capacidad de desarrollar viviendas públicas

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HARTFORD.- Cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo, su administración heredó una queja y una demanda no resuelta que los abogados de derechos civiles presentaron el otoño pasado, alegando que las leyes de vivienda de Connecticut, que dejan la mayoría de las decisiones a los funcionarios locales, son perjudiciales para los residentes afroamericanos y latinos.

Ahora, mientras el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos determinan si el Estado está violando las leyes federales de vivienda justa, al limitar dónde se pueden usar los vales de vivienda de la Sección 8 y dónde se pueden desarrollar viviendas asequibles, los legisladores estatales por cuarto año consecutivo están considerando si abordar el problema antes de que el gobierno federal decida si interviene.

“Si bien estamos concentrados en tratar de trabajar juntos, el tiempo pasa y debemos solventar este problema cuanto antes”, declaró el senador Gary Winfield, demócrata de New Haven, durante la audiencia pública del Comité de Vivienda.

La mayor parte de la audiencia de siete horas estuvo a cargo de personas de ciudades ricas que testificaron en contra de varios proyectos de ley destinados a aumentar la disponibilidad de viviendas asequibles.

Durante la campaña, el presidente Biden prometió “eliminar las regulaciones de vivienda locales y estatales que perpetúan la discriminación”, y durante su primera semana en el cargo, firmó una orden ejecutiva para comenzar a reparar la discriminación en la vivienda.

“La desigualdad racial todavía impregna los patrones de uso de la tierra en la mayoría de las ciudades de los Estados Unidos y prácticamente en todos los aspectos de los mercados de la vivienda”, dice la orden.

La queja por discriminación en la vivienda contra el gobernador Ned Lamont coloca a la Administración Biden en una posición política un tanto difícil, ya que el Gobernador fue uno de los primeros partidarios del Presidente durante la campaña y Connecticut tiene una reputación progresista, con demócratas controlando la legislatura durante 23 años y la oficina del gobernador por 10.

Un funcionario de HUD declaró, el viernes pasado, que la investigación está activa y que, si bien aún no se ha tomado una decisión, la Ley de Vivienda Justa federal exige que la agencia complete una investigación de discriminación dentro de 100 días “a menos que sea impracticable hacerlo”.

Ese plazo pasó en diciembre.

Lo que está en juego en la denuncia y en la demanda de Connecticut son las políticas locales que restringen dónde se pueden usar los vales de vivienda de la Sección 8 y dónde las autoridades de vivienda tienen la capacidad de desarrollar viviendas públicas.

Las familias que reciben los cupones tienen pocas opciones sobre en qué ciudades vivir, ya que la ley estatal otorga la inmensa mayoría de los 33 mil cupones federales que se usan cada mes en Connecticut a las autoridades de vivienda, y los beneficiarios enfrentan grandes obstáculos para usar esos cupones fuera de las fronteras de esa ciudad.

“La noción de que, excepto en circunstancias muy limitadas, las autoridades de vivienda pública no pueden ofrecer oportunidades de vivienda asequible a familias afroamericanas y latinas a menos que los municipios blancos den su consentimiento a su presencia es una afrenta fundamental a los principios y objetivos mismos de la Ley de Vivienda Justa”, se puede leer en la denuncia de agosto presentada por Open Communities Alliance.

De acuerdo con los defensores, esta ley afecta de manera desproporcionada a los residentes afroamericanos e hispanos, afirma la denuncia, ya que casi el 80 por ciento de los titulares de vales del Estado son residentes no blancos.

Con los oficialmente llamados Housing Choice Vouchers, se suponía que los subsidios permitirían a las personas pobres encontrar una vivienda digna fuera de las comunidades desatendidas.

Pero una investigación realizada en 2020 por Connecticut Mirror y ProPublica encontró que los beneficiarios en Connecticut luchan por usar sus vales fuera de los vecindarios segregados debido a estos muros burocráticos, la falta de viviendas disponibles dentro de su presupuesto o los propietarios que se niegan a alquilar a los poseedores de vales.

Como resultado, cuatro de cada cinco familias que reciben ayuda para pagar el alquiler con un vale de la Sección 8 viven en comunidades segregadas racialmente y más de la mitad en vecindarios con pobreza extrema.

 

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