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martes, diciembre 1, 2020

Fiscales buscan detener discriminación en atención médica promulgada por administración Trump

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La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, lidera la coalición de 22 fiscales generales para continuar la lucha para detener los intentos de la administración Trump de facilitar que los proveedores de atención médica se nieguen a brindar la cobertura médica necesaria en la base de las “creencias religiosas o convicciones morales” de sus proveedores de atención médica.   

NUEVA YORK.- Una coalición de 22 fiscales generales para continuar la lucha para detener los intentos de la administración del presidente Donald Trump de facilitar que los proveedores de atención médica se nieguen a brindar la cobertura médica necesaria y deseada a las personas, en la base de las “creencias religiosas o convicciones morales” de sus proveedores de atención médica, es liderada por la Fiscal General de Nueva York, Letitia James.

La funcionaria anunció que presentó un escrito amicus, en apoyo de los estados de California y Washington en sus demandas presentadas contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos, para oponerse a la regla de ‘Rechazo de atención’ de la administración Trump.

James encabezó su propia demanda contra la regla de ‘Rechazo de atención’ de la Administración Trump en mayo de 2019.

Según la Fiscal General de Nueva York, en mayo de 2019, el HHS de la administración Trump introdujo una regla final que ampliaría, según ella, enorme e irrazonablemente la capacidad de los proveedores de atención médica para negar a los pacientes el acceso a ciertos procedimientos, servicios e información legales y médicamente necesarios, incluidos los relacionados con el aborto, la esterilización y ayuda en la muerte, todo mientras pretende implementar varios estatutos federales de conciencia.

Sin embargo, según James, la regla viola el cuidadoso equilibrio que el Congreso logró en los estatutos subyacentes al expandir simultáneamente las funciones laborales que los objetores pueden negarse a realizar en función de sus puntos de vista personales y restringir severamente las acciones que los empleadores pueden tomar para planificar y acomodar tales objeciones, asegurando al mismo tiempo que los pacientes reciban una atención ininterrumpida.

La regla afectaría de manera desproporcionada a las mujeres y a los miembros de la comunidad LGBTQ.

Cada tribunal federal que ha considerado la regla ha acordado que no está autorizado por la ley y, en consecuencia, ha anulado la regla en su totalidad, incluido el Tribunal federal del Distrito Norte de California y el Tribunal federal del Distrito Este de Washington.

Después de esas pérdidas, la Administración Trump apeló a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito.

James y la coalición presentaron el escrito amicus en apoyo de California y Washington en esa apelación.

La coalición argumenta, en el escrito de amicus, que la definición de “discriminación” de la regla es incompatible con la ley y, por lo tanto, es contraria a la Ley de Procedimientos Administrativos y que el HHS actuó de manera arbitraria y caprichosa al promulgar la regla.

Específicamente, según James, el HHS no reconoció que la redefinición de “discriminación” representaba un cambio de posición, no consideró los intereses de confianza creados por la propia guía anterior del HHS en cuanto al alcance de las disposiciones antidiscriminatorias de los estatutos de conciencia federal, y se basó en criterios empíricos justificación de la norma que se contradice con el expediente administrativo.

Además, la coalición explicó que la regla no solo amenaza con dañar a innumerables pacientes al interrumpir su acceso a la atención médicamente necesaria, sino que también pone en riesgo miles de millones en fondos críticos de atención médica federal que el Congreso ha asignado a los estados.

Junto a James en la presentación de este escrito amicus se encuentran los fiscales generales de Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai’i, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania. , Rhode Island, Vermont, Virginia, Wisconsin y el Distrito de Columbia.

 

 

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