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sábado, diciembre 5, 2020

Farmacéutica se declarará culpable de cargos federales como parte de un acuerdo de $8 mil millones

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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, informó que Purdue Pharma, la compañía que fabrica OxyContin, con sede en Stamford, se declarará culpable de tres cargos penales federales como parte de un acuerdo de más de 8 mil millones de dólares.

Los cargos son conspiración para defraudar a los Estados Unidos y la violación de las leyes federales contra las comisiones ilícitas

STAMFORD.- Purdue Pharma, la compañía que fabrica OxyContin, el poderoso analgésico recetado que, según los expertos, ayudó a desencadenar una epidemia de opioides, se declarará culpable de tres cargos penales federales como parte de un acuerdo de más de 8 mil millones de dólares, informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

La compañía, que tiene su sede en Stamford, se declarará culpable de tres cargos, incluida la conspiración para defraudar a los Estados Unidos y la violación de las leyes federales contra las comisiones ilícitas.

La resolución se detallará en un tribunal de quiebras que se presentará en un tribunal federal.

El acuerdo no libera a ninguno de los ejecutivos o propietarios de la empresa, miembros de la acaudalada familia Sackler, de responsabilidad penal, y se está llevando a cabo una investigación criminal. Pero un fiscal general del Estado dijo que el acuerdo no responsabiliza a los Sackler.

El acuerdo es la exhibición de más alto perfil hasta ahora del gobierno federal que busca responsabilizar a un importante fabricante de medicamentos por una adicción a los opioides y una crisis de sobredosis relacionada con más de 470 mil muertes en el país desde el año 2000.

«Purdue lamenta profundamente y acepta la responsabilidad por la mala conducta detallada por el Departamento de Justicia en la declaración de hechos acordada», declaró Steve Miller, quien se convirtió en presidente del directorio de la compañía en 2018.

Ningún miembro de la familia Sackler permanece en ese directorio, aunque todavía son dueños de la empresa.

El acuerdo se produce menos de dos semanas antes de una elección presidencial en la que la epidemia de opioides ha pasado a un segundo plano político frente a la pandemia de coronavirus y otros problemas. Pero le da a la administración del presidente Donald Trump un ejemplo de acción sobre la crisis de adicción, que prometió al principio de su mandato.

Como parte de la resolución, Purdue está admitiendo que impidió a la Administración de Control de Drogas al representar falsamente que había mantenido un programa efectivo para evitar el desvío de drogas, y al presentar información engañosa a la agencia para aumentar las cuotas de fabricación de la compañía, señalaron las autoridades.

Purdue también admitió haber violado las leyes federales contra el soborno al pagar a los médicos, a través de un programa de oratoria, para inducirlos a recetar más opioides de la compañía y por usar software de registros de salud electrónicos para influir en la prescripción de analgésicos, según los funcionarios.

La empresa hará un pago directo al gobierno de 225 millones de dólares, que es parte de un decomiso criminal mayor de 2 mil millones de dólares.

Además de esa confiscación, Purdue también enfrenta una multa penal de 3 mil 540 millones de dólares, aunque ese dinero probablemente no se recaudará en su totalidad porque pasará por una quiebra, que incluye una gran cantidad de otros acreedores.

Purdue también aceptará 2.8 mil millones de dólares en daños para resolver su responsabilidad civil.

Despues del acuerdo, la compañía se transformaría en una empresa de beneficio público, lo que significa que se regirá por un fideicomiso que debe equilibrar los intereses del fideicomiso con los de la salud pública y pública estadounidense, finalizaron las autoridades.

 

 

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