NUEVA YORK.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó esta semana una demanda para evitar que la Administración del presidente Donald Trump otorgue a los prestamistas la capacidad de aprovecharse de los consumidores.
De acuerdo con James, la regla de la Administracion Trump permitiría a los prestamistas cobrar altas tasas de interés sobre los préstamos y eludir los límites de intereses estatales, o leyes de usura, que ya están vigentes, incluso cuando la crisis de salud pública por el coronavirus COVID-19) continúa causando estragos en las economías estatales y nacionales.
James, junto con los fiscales generales de California e Illinois, presentó la demanda para detener la nueva regla que permitiría al gobierno federal evitar las leyes estatales de usura y permitir que entidades de terceros se aprovechen de los neoyorquinos vulnerables.
“A medida que nuestro Estado y nuestra nación continúan sufriendo los efectos devastadores del COVID-19, con millones de estadounidenses aún desempleados y luchando para llegar a fin de mes, es reprensible que la Administración Trump haya elegido proteger las ganancias de los grandes bancos en lugar de los consumidores vulnerables”, señaló la Fiscal General.
“Toda esta regla hace que sea más fácil para los malos actores cobrar tasas de interés de tres dígitos a los neoyorquinos en préstamos y trazar un camino para aprovechar más fácilmente a los consumidores, por eso estamos tomando medidas”, agregó la funcionaria.
Según la National Bank Act federal, los bancos nacionales que tienen licencia y están regulados por la Comptroller of the Currency (OCC) pueden cobrar intereses sobre préstamos a la tasa máxima permitida por su estado de origen, incluso en los estados donde esa tasa de interés violaría las leyes estatales de usura.
La capacidad de evitar las leyes estatales de usura de esta manera es un privilegio otorgado solo a los bancos nacionales, porque están sujetos a una amplia supervisión federal.
Este privilegio es extremadamente valioso para los bancos nacionales porque les permite prestar dinero a tasas que superan con creces las tasas que ya pagan por pedir dinero prestado, precisó James.
Si bien la ley federal establece una exclusión de las leyes estatales de usura para los bancos regulados por el gobierno federal, la ley estatal continúa protegiendo a los residentes de préstamos abusivos por parte de entidades no bancarias, como el día de pago, el título de automóviles y los prestamistas a plazos.
El Congreso afirmó ese papel con la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, preservando las leyes estatales más protectoras y rechazando los intentos de la OCC de limitar la autoridad de los estados sobre la industria de servicios financieros.
A pesar de las protecciones vigentes durante la última década, la regla de OCC, que es objeto de la demanda presentada esta semana, extendería la exención de la National Bank Act para los bancos regulados por el gobierno federal a los compradores de deuda no bancaria, como los prestamistas del día de pago o cualquier otra entidad que compra deuda de un banco nacional.
La regla busca lograr este resultado al reformular la preferencia de la National Bank Act como un interés de propiedad ordinario que se puede asignar, y codificar una oscura doctrina que supuestamente concierne a la asignabilidad de los derechos contractuales, un cambio radical en la ley y la política, finalizó James.
