NEW HAVEN.- Después de varias semanas de protestas por la muerte de George Floyd en Minneapolis, un grupo bipartidista de legisladores redactó un proyecto de ley llamado An Act Concerning Police Accountability, con el objetivo de lograr avances significativos en la igualdad racial y la reforma de la policía.
Pero la legislación propuesta no incluye el lenguaje para crear una comisión permanente sobre la violencia armada en las calles, que los defensores consideran que impacta desproporcionadamente a las comunidades de color.
“La gente habla sobre la desigualdad racial, pero la violencia armada ha estado ausente en la conversación. No estamos escuchando el llamado del gobernador Neld Lamont y de la legislatura para hacer algo al respecto”, declaró Jeremy Stein, director ejecutivo de Connecticut Against Gun Violence (CAGV).
Los presidentes y los miembros de mayor rango del Comité Judicial, que representan a los cuatro grupos de la Asamblea General, tienen previsto celebrar una reunión esta semana para abordar el proyecto de ley, que se escuchará en una sesión especial de la legislatura en las próximas dos semanas.
Floyd murió mientras estaba bajo custodia por supuestamente intentar pasar una billete falso de 20 dólares.
El oficial Derek Chauvin, quien lo arrestó, mantuvo la rodilla sobre el cuello de Floyd durante nueve minutos durante el encuentro ocurrido el 25 de mayo pasado, lo que provocó protestas y llamamientos a la policía en todo el país, incluso en Connecticut.
El Estado ha visto varias muertes por uso de la fuerza que involucran a la policía en los últimos años.
El gobernador Ned Lamont manifestó que el senador Gary Winfield (D-New Haven) y el representante estatal Steve Stafstrom (D-Bridgeport), copresidentes del Comité Judicial, son conscientes del problema de la violencia armada y deberían considerar incluir la propuesta como parte de cualquier legislación de responsabilidad policial.
Aunque Winfield acordó que la violencia armada urbana está afectando desproporcionadamente a las comunidades de color, es poco probable que el problema se aborde hasta enero, cuando la legislatura se reúna para una sesión completa.
La CAGV estaba trabajando duro en el tema al comienzo de la sesión legislativa, pero toda la legislación se estancó cuando el Capitolio cerró a mediados de marzo durante la pandemia de coronavirus.
El grupo quiere que se resucite la propuesta, ya que la legislatura considera la “eliminación de fondos” de la policía y la creación de pautas más estrictas que rijan la actuación policial, incluida la reducción de la escala antes del uso de la fuerza.
La comisión que apoya la CAGV estaría compuesta por expertos en salud pública, agentes de la ley, educadores y miembros de la comunidad que analizarían iniciativas basadas en evidencia que han reducido la violencia armada en áreas urbanas en otros estados, explicó Stein.
Stein señaló que Connecticut no tiene un repositorio que recopile información sobre los tiroteos, por lo que la única forma de determinar el número exacto de personas que reciben un disparo anualmente es preguntar a cada departamento de policía individual.
Según un informe del Center for American Progress de 2019, la violencia armada en Connecticut impacta desproporcionadamente en los afroamericanos y las comunidades latinas.
Aproximadamente el 56 por ciento de las víctimas de homicidio por armas de fuego del Estado eran afroamericanas, pero los afroamericanos solo representan el 10 por ciento de la población del Estado, según el informe.
Los miembros de la comunidad latina representaron el 23 por ciento de las víctimas de homicidio con armas de fuego, pero representan el 14 por ciento de la población del Estado en el informe de 2019.
Las ciudades de New Haven, Hartford y Bridgeport representaron dos tercios de los 72 homicidios por armas de fuego que ocurrieron en el Estado en 2019, finalizó la CAGV.