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Friday, July 30, 2021

CT estima 200 mil afectados por el cambio de política de inmigración

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Aproximadamente 200 mil personas podrían verse afectados por los cambios radicales en la nueva política de la administración del presidente Donald Trump, de negar las tarjetas verdes a muchos inmigrantes que usan Medicaid, cupones de alimentos y otras formas de asistencia pública.

La administración del presidente Donald Trump busca negar la green card a muchos inmigrantes que usan Medicaid, cupones de alimentos y otras formas de asistencia pública

HARTFORD.- Los funcionarios de Connecticut estiman que hasta 200 mil personas podrían verse afectados por los cambios radicales en la nueva política de la administración del presidente Donald Trump, de negar las tarjetas verdes a muchos inmigrantes que usan Medicaid, cupones de alimentos y otras formas de asistencia pública.
El fiscal general demócrata William Tong, otros funcionarios estatales y defensores predijeron que los cambios planeados conducirán a visitas más costosas a la salas de emergencias, una mayor demanda en las despensas de alimentos y una disminución de los niños inscritos en el programa de seguro de salud HUSKY de Connecticut, que finalmente tiene “profundas implicaciones para el estado”, incluidos los económicos.
El cambio de las reglas por parte de la administración del presidente Donald Trump se establece como una forma de mantener solo a los inmigrantes autosuficientes en el país.
Connecticut, Nueva York, Vermont y la ciudad de Nueva York presentaron, el martes pasado, una demanda federal para detener el cambio.
Algunos expertos se preguntaron si esos son los verdaderos objetivos del cambio de directrices que pretende el Gobierno, o si enmascaran el motivo subyacente de reducir la inmigración general hacia Estados Unidos, especialmente la de los latinos de bajos ingresos.
Ese objetivo de la administración Trump carece de apoyo público o respaldo en el Congreso, incluso entre los republicanos.
“El objetivo de la normativa de la carga pública no es ahorrar fondos públicos, es reducir el número de personas que pueden obtener las tarjetas de residencia, y punto”, declaró Alex Nowrasteh, director de estudios de inmigración del Centro para la Libertad y Prosperidad Global del Instituto Cato.
“Hay muchas otras formas de ahorrar dinero en programas de asistencia social, donde se podría ahorrar mucho más sin tener que reducir el número de personas inmigrantes y es muy revelador que la administración no haya elegido esas otras formas”, agregó el directivo.
Otros expertos también cuestionan la noción de que los inmigrantes son una carga económica para el país, citando estudios que muestran que son un segmento clave de la fuerza laboral en algunas industrias menos calificadas, mientras que representan una contribución neta positiva a la economía después de equilibrar los beneficios que reciben y los impuestos con los que contribuyen.

 

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