WASHINGTON DC (EFE).- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos incrementó la presión sobre las llamadas “ciudades santuario” que piden fondos para la seguridad pública.
Asimismo, les advirtió que podría obligarlas legalmente a demostrar que cooperan con las autoridades federales de inmigración.
La acción del departamento provocó reacciones inmediatas por parte de los alcaldes de todo el país, quienes anunciaron que no asistirían a una reunión programada en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump hoy más tarde.
Los funcionarios federales enviaron cartas a casi una veintena de jurisdicciones en las que amenazaron con emitirles citatorios judiciales si no entregaban documentos para demostrar que no están ocultando información sobre la ciudadanía o el estatus inmigratorio de las personas que están en prisión.
La dependencia amenazó en repetidas ocasiones con negar millones de dólares en subsidios importantes a las comunidades que se nieguen a cumplir con un estatuto federal que solicita compartir esa clase de información con las autoridades federales.
Muchas ciudades han desafiado públicamente las amenazas, con demandas pendientes en Chicago, Filadelfia y en el estado de California para determinar si el gobierno federal ha abusado de su autoridad al retener los fondos.
La acción emprendida por el Departamento de Justicia molestó a los miembros de la Conferencia de Alcaldes, quienes tenían programado reunirse con el magnate este día para discutir cuestiones de infraestructura, adicción a las drogas y otros temas.
“La decisión del gobierno de Trump de amenazar a los alcaldes, satanizar nuevamente a los inmigrantes, y utilizar a las ciudades como accesorios políticos en el proceso, ha hecho de esta reunión algo insostenible”, dijo en un comunicado el alcalde de la ciudad de Nueva Orleans, Mitch Landrieu, quien es el presidente de la conferencia.
“La Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos está orgullosa de ser una organización bipartidista. Pero un ataque a los alcaldes que dirigen ciudades de puertas abiertas es un ataque a todos los que formamos parte de la conferencia”, indicó Landrieu.
Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, publicó en Twitter su opinión al respecto.
“No asistiré a la reunión de hoy en la Casa Blanca luego de que el Departamento de Justicia de @realDonaldTrump decidiera reiterar su ataque racista a nuestra comunidad de inmigrantes”.
“(Ese tipo de medidas) no nos hace más seguros y viola los valores fundamentales de Estados Unidos”, agregó.
Por su parte, Sarah Huckabee Sanders, portavoz de la Casa Blanca, dijo que la residencia presidencial ha dejado claro que no respalda a las ciudades santuario y que apoya la aplicación y el cumplimiento de la ley.
“Si los alcaldes tienen un problema con eso, deberían hablar con el Congreso, con la gente encargada de aprobar las leyes. El Departamento de Justicia las aplica, siempre y cuando esa sea la ley, y lo va a hacer con firmeza”.
En cuanto a los alcaldes, Sanders señaló que la Casa Blanca estaría encantada de trabajar con ellos, pero no pueden permitir que la gente elija las leyes que quieren cumplir.
