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Revocan pensión a ex policía estatal condenado por hurto

HARTFORD – Un juez de la Corte Superior ha concedió una moción al Estado que solicitaba la revocación de la pensión de un ex soldado de la Policía Estatal de Connecticut, tras haber sido condenado por un cargo de delito grave de robo, relacionado con su posición.
El fiscal general, George Jepsen, manifestó que Aaron Huntsman, un residente de Fairfield, fue empleado como un policía estatal de noviembre de 1994 hasta mayo de 2013.
En 2012, Huntsman fue acusado de robar dinero y joyas a una víctima de un accidente fatal de motocicleta, mientras estaba de servicio como agente.
En julio de 2014, Huntsman se declaró culpable bajo la Alford Doctrine a un cargo de hurto en tercer grado y fue sentenciado a cinco años de encarcelamiento, y suspensión de su cargo por un año y tres años de libertad condicional.
El ex oficial habría sido elegible para comenzar a recibir un beneficio de pensión mensual de aproximadamente mil 530 dólares el 1º de julio de 2024.
El Fiscal General presentó un recurso solicitando la revocación de la pensión de Huntsman en la Corte Superior de Hartford en octubre 2014 después de la sentencia.
“El robo relacionado con la posición estatal o municipal de un individuo es una grave violación de la confianza del público y este caso en particular representa una violación inadmisible de la confianza por parte de un oficial de la ley”, señaló Jepsen.
“En 2008, la Asamblea General me concedió la autoridad de buscar la revocación de pensiones de un funcionario estatal o municipal declarado culpable de un delito grave en relación con su posición pública. Con esta orden judicial, los contribuyentes de Connecticut no ‘colaboraran’ con la pensión de Huntsman”, agregó el funcionario.
Bajo ley estatal promulgada en 2008, el Fiscal General está autorizado a iniciar una acción civil en busca de la reducción o revocación de la pensión de un funcionario estatal o municipal que, en un tribunal estatal o federal, está condenado o se declara culpable de un delito relacionado con su posición, desde el 1º octubre de 2008.
El funcionario estatal o municipal condenado por cargos relacionados con la corrupción, específicamente definidos en la ley como malversación de fondos públicos, cometer el robo de delito grave por parte del Estado, el soborno en conexión con el propio servicio de un empleado municipal o cometer un delito grave con la intención de defraudar con el fin de obtener un beneficio, ganancia o ventaja para sí o para otra persona, podría enfrentar una acción judicial para reducir o revocar su pensión, finalizaron las autoridades.

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