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Procesarán criminalmente a hostigadores de inquilinos

NUEVA YORK.- El fiscal general, Eric Schneiderman, presentó esta semana un proyecto de ley que mejoraría las protecciones de los arrendatarios sujetos al acoso y mala conducta por parte de los propietarios que tratan de obligar ilegalmente a los inquilinos a de-salojar sus viviendas.
La nueva legislación propuesta por Schneiderman enmendaría la ley actual agregando un nuevo delito menor de clase A, al mismo tiempo que ampliará la definición de la infracción de felonía existente de clase E de “Hostigamiento de un Inquilino de Alquiler Regulado”.
De acuerdo con el funcionario, la vivienda asequible es un recurso escaso en muchas partes del estado de Nueva York, y la Fiscalía General recibe un número creciente de quejas de acoso de inquilinos.
“Es evidente que el estatuto penal existente destinado a proteger a los inquilinos de estas acciones no ha tenido un efecto significativo, siendo actualmente el único estatuto penal de acoso el cual requiere que los fiscales demuestren el daño el físico a los inquilinos”, indicó Schneiderman.
A criterio del funcionario, las leyes actuales que protegen a los inquilinos contra el acoso simplemente no están a la altura de los cambios drásticos en el mercado de la vivienda de Nueva York.
“Con el aumento constante a los precios de la vivienda, inescrupulosos propietarios usan medidas amenazantes y a menudo peligrosas para forzar a los inquilinos a salir de sus hogares. La legislación que estoy proponiendo facilita a mi oficina y las demás autoridades la eliminación de estos malos actores, que a menudo buscan beneficios a costa del bienestar de los más desprotegidos. Debemos mejorar las herramientas a nuestra disposición para poner fin al hostigamiento generalizado que ha hecho la vida miserable para demasiadas personas”, señaló.
Bajo el estatuto actual sobre el acoso de un inquilino de renta regulada, el fiscal no sólo debe probar que el propietario ofensor tuvo la intención de hacer que el inquilino desaloje su casa, sino también que el inquilino sufrió lesiones físicas debido a las acciones del propietario y que el dueño realmente tuvo la intención de causar (o actuó con imprudencia criminal en causar) dicha lesión.
Esta ley penal existente crea un estándar inexplicablemente alto que, en las casi dos décadas desde que se promulgó la ley, nunca se ha cumplido.
De hecho, un análisis reciente la División de Servicios de Justicia Criminal del estado de Nueva York en base a los datos de convicciones muestra que ningún propietario ha sido condenado por el delito de acoso de un arrendatario de renta regulada.
La legislación del Fiscal General eliminaría la necesidad de probar lesiones físicas a un inquilino, y la intención específica del propietario de causarlo, a fin de asegurar una condena penal contra un propietario ofensor.
Específicamente, la legislación añade un nuevo delito de “clase A” que se aplicaría a los propietarios y sus agentes que, con la intención de hacer que un arrendatario con rentas reguladas abandone su casa, podrían participar en un conducta que podría interferir y perturbar el confort, el reposo, la paz y la tranquilidad de un inquilino en el uso de su hogar.
La legislación además expandería el estatuto de la ley criminal de “clase E” existente para que sea ilegal que los propietarios o sus agentes intenten forzar a los inquilinos en dos o más unidades de alquiler regulado a mudarse mediante una “conducta sistemática en curso” que podría desestabilizar la paz de los inquilinos.
Otro componente de la legislación es que constituye un delito grave de “clase E” para un propietario que cometa de nuevo la ofensa de delito menor de “clase A” cuando ha sido condenado por esa falta dentro de los cinco años anteriores.
De acuerdo con los promotores, estas disposiciones facilitan a los fiscales enfrentar las tácticas comunes utilizadas por los caseros para forzar a los inquilinos, incluidos los proyectos de construcción largos y perturbadores, o privar de agua caliente y calefacción por extendidos periodos de tiempo.
El nuevo delito de “clase A” impone una pena máxima de hasta un año de cárcel. El delito de “clase E” conlleva una sentencia máxima de hasta cuatro años de prisión.

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