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El censo, que se lleva a cabo cada diez años, tiene una gran importancia, porque el dinero federal para infraestructura, educación y otros fines, así como el número de representantes en el Congreso, se reparten según la población de los municipios.

Si los inmigrantes no son contados, sus comunidades recibirán menos inversión y menos peso político, por ello numerosas organizaciones latinas han lanzado campañas para animar a los hispanos a participar.

En cambio, algunos conservadores han criticado que se contabilice a los trabajadores indocumentados. En Florida el asunto se ha convertido en un tema electoral en la pugna por la candidatura republicana a un escaño en el Senado.

Marco Rubio mantiene que no se les debería tener en cuenta a la hora de designar los distritos para el Congreso, mientras que su contrincante, Charlie Crist, ha instado a todos los residentes a participar, sin importar su estatus legal, porque eso atraerá más dinero federal para el estado, según ha indicado.

El departamento de Comercio comenzará a enviar en marzo los formularios del censo, que constan de diez preguntas.

"Ninguna de las preguntas es sobre ciudadanía. Nosotros no sabemos si una persona está aquí legal o ilegalmente, y tampoco nos importa", dijo Locke.

Recomendó a las personas que no quieran que un trabajador del censo llame a su puerta que rellenen y envíen el formulario por correo.

La Constitución de Estados Unidos establece que el gobierno debe llevar un registro de los residentes en el país, no estrictamente de los ciudadanos, explicó el secretario.

Locke recalcó que si un trabajador del censo divulga cualquier información personal estará cometiendo un delito. EFE