“Con esta ley nuestras comunidades se sentirán más seguras y el sistema de justicia penal se verá más fortalecido. Al promulgar penas más severas para los que hacen una carrera criminal, y dando al personal que imparte justicia las herramientas que necesita para hacer bien su trabajo, estaremos dando un gran paso para mantener a los delincuentes peligrosos fuera de nuestras calles y dentro de las cárceles”, dijo la Gobernadora.

Jodi Rell, Gobernadora del Estado de Connecticut

Sin embargo, la mandataria se mostró un tanto decepcionada de que el proyecto de ley llamado “three strikes” no pasara en su totalidad.

Bajo la nueva ley:

• Si una persona es considerada como un reincidente peligroso, en su segunda condena la sentencia será al menos dos veces el mínimo autorizado, pero no dos veces la pena máxima o que sobrepase los 40 años, cualquiera que sea mayor. Si el delito conlleva una sentencia mínima obligatoria, ésta  será dos veces la sentencia obligatoria normal.

• En una tercera condena, la sentencia será al menos tres veces el mínimo autorizado, pero que no sobrepase la cadena perpetua. Si el delito acarrea una sentencia mínima, ésta será tres veces la sentencia obligatoria normal.

• Si la persona es arrestada por un delito el cual podría ser considerado como un delincuente reincidente, el fiscal debe determinar primeramente si en realidad lo es. No se aceptará ninguna excusa hasta que se determine con exactitud. Si el fiscal decide no catalogar al acusado como un delincuente reincidente, el funcionario deberá hacer constar las razones por las cuales hizo la decisión.

Además con la nueva ley se asigna los siguientes fondos:

• $681.000 para la División de Justicia Penal facultada para perseguir a los criminales reincidentes y mejorar la tecnología de información.

• $512,000 para la Oficina de la Defensoría Pública encargada de manejar el incremento de los procesamientos y la defensa de los indigentes.

• $5,232,000 para el Departamento Judicial que ampliará la supervisión de los ofensores sexuales, el monitoreo mediante el uso del sistema de GPS, y cumplimiento con las ordenes de detención.

• $2,147,000 asignado al Departamento Correccional para búsqueda de alternativas de vivienda, aumento de oficiales para el manejo de los individuos con libertad condicional, vigilancia ampliada con GPS, y aumento de personal para el Departamento de Indultos.

•  910,000 fijado al Departamento de Salud Mental para lo servicios de adicción y monitoreo de los individuos que se encuentran en programas alternativos, ayuda para la vivienda, mejoramiento de los programas para la mujer y programas de prevención de las drogas.

• 514,000 donados al Departamento de Seguridad Pública destinados a la escuadra mayor contra el crimen de la policía estatal.

A pesar de que la Gobernadora había ordenado un recorte a los gastos del Estado, en lo que a justicia criminal se refiere, ella indicó que los fondos se conseguirán por otros medios para dar curso a la nueva ley, aunque explicó que algunas de las disposiciones de la nueva medida ya estaban incluidas en el presupuesto actual dentro del paquete de reformas que pasaron en el periodo de sesiones de enero.

La nueva ley es efectiva inmediatamente.