(EFE)- Un grupo de inmigrantes hispanos ha solicitado a los legisladores de Carolina del Sur que reconsideren medidas contra los indocumentados porque, aseguran, su fuerza laboral ayuda a la economía estatal.
En las afueras del capitolio de Columbia, capital del estado, un grupo de hispanos hizo  un llamado a los senadores para que "examinen" la versión del proyecto de ley 

aprobado la semana pasada, que permite a los policías investigar el estado migratorio de arrestados. "La aprobación de esta ley perjudicaría a la economía del estado que depende en gran parte de la mano de obra barata y las largas horas de trabajo de los indocumentados", dijo a Efe Diana Salazar, presidenta de la Asociación Latina de Charleston, quien organizó el viaje a Columbia.  Según Salazar, hasta ahora "nadie ha tenido los pantalones" para dar la cara por los indocumentados, y decirle a los legisladores que "este es un asunto federal y que la economía podría colapsar sin la ayuda de los inmigrantes indocumentados".

La versión del Senado, que deberá conciliarse con la de la Cámara de Representantes a través de un comité, exige a las empresas revisar la situación migratoria de los empleados y convierte en delito mayor transportar o dar refugio a ilegales.Los legisladores argumentan que deben aprobar una ley para hacer la vida más difícil a los ilegales y así evitar que continúen llegando al estado.De acuerdo con el economista Doug Woodward, de la Universidad de Carolina del Sur, será la "debilidad de la economía" y no las medidas de la Asamblea General el factor que "obligaría" a los inmigrantes a abandonar el estado.
"La mayoría de los hispanos trabajan en la construcción y en este momento esta industria está pasando por un crisis. Los inmigrantes se van a donde consiguen trabajo", resaltó el experto.

Aunque Iván Segura, presidente del Consejo de Liderazgo Hispano, no puede afirmar que los legisladores no han tomando en cuenta las consecuencias de la falta de mano de obra barata, está seguro que han "descartado" la contribución económica de esta comunidad.

"Todo es un movimiento político para enviar un mensaje a la comunidad en general de que están haciendo algo para evitar que más indocumentados vengan", enfatizó Segura.

Por su parte Bobby Harrell, presidente de la Cámara de Representantes, argumentó que una ley severa contra los indocumentados ayudaría a bajar el índice de desempleo en Carolina del Sur.

"Si los trabajos que ahora hacen los inmigrantes indocumentados se les dejara a los nativos, el porcentaje de desempleo sería mucho menor", enfatizó Harrell.

Sin embargo, un estudio del Departamento de Estudios Latinos de la Universidad de Carolina del Norte para la Comisión de Asuntos Minoritarios concluyó que los inmigrantes hispanos no quitan los trabajos a los nativos del estado.

El informe, dado a conocer en agosto del año pasado, señala que los inmigrantes hispanos tienen "diferentes habilidades y preferencia de trabajo que el resto de población del estado".

"Podemos concluir que la economía del estado puede absorber la nueva fuerza laboral que llega de Latinoamérica y al mismo tiempo ofrecer oportunidades de desarrollo para los nativos", cita el estudio.

La Oficina del Censo calcula que en Carolina del Sur viven alrededor de 130.000 hispanos, pero organizaciones latinas creen que la cifra puede llegar a 220.000, en su mayoría mexicanos.

Las autoridades estatales estiman que el número de indocumentados asciende a 200.000, más del 4 por ciento de la población total.