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Lima (EFE).-El ex presidente Alberto Fujimori justificó varias leyes promulgadas durante su Gobierno (1990-2000) que favorecieron al grupo militar encubierto Colina, el “escuadrón de la muerte” que perpetró las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
Fujimori es juzgado desde el pasado
10 de diciembre por el caso de Barrios Altos (1991) y La Cantuta
(1992), donde fueron asesinadas 25 personas, así como por los
secuestros en 1992 del periodista Gustavo Gorriti y el empresario
Samuel Dyer.Una de esas normas es la denominada Ley Cantuta (1994), que
pasó al fuero militar el caso del asesinato de nueve estudiantes y un
profesor universitario a manos de Colina, supuestamente creado por el
ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos como parte de la lucha
antiterrorista.“En esa época los delitos cometidos por militares eran
considerados como delitos militares y tenían su jurisdicción”,
respondió Fujimori, ante la insistencia del fiscal supremo, José
Peláez, que cuestionó si la referida ley pretendía “cubrir con un manto
de impunidad a los autores de los hechos de esa época".Sobre la
polémica Ley de Amnistía (1995), que establecía el olvido de los
juicios y condenas vigentes para todos los militares acusados de
violaciones y derechos humanos cometidos desde mayo de 1980 hasta el 14
de junio de 1995, el ex mandatario remarcó que ésta “era parte de una
concepción para llevar al Perú a la pacificación".
“Cuando ya hay un clima de que la población siente que hay paz, yo
considero que es necesario buscar una solución pacífica después 14 ó 15
años de guerra interna”, señaló al referirse al acuerdo de paz
propuesto por el líder del grupo maoísta Sendero Luminoso, Abimael
Guzmán, en 1992.
Sin embargo, Fujimori reconoció que la polémica Ley de Amnistía
favoreció a varios miembros del grupo Colina, condenados por el fuero
castrense entre 1 y 20 años de cárcel, aunque en 2002 volvieron a ser
detenidos luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
responsabilizara al Estado de las matanzas.
El ex gobernante también aseguró que “jamás” se reunió con el jefe del
grupo Colina, Santiago Martín Rivas, y que tampoco le pidió que se
sometiera a la justicia militar con la condición de que posteriormente
se le iba a conceder la amnistía.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema desestimó hoy el pedido del
abogado de Fujimori, César Nakazaki, para que el ex jefe de Estado
utilice un ordenador portátil durante el juicio.
Además, la jornada de hoy, la quinta del proceso, se caracterizó por el
retorno de Peláez, quien retomó el interrogatorio después de haber sido
reemplazado desde el 14 de diciembre pasado por su adjunto, Avelino
Guillén, debido a su ausencia por duelo familiar.
La víspera la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (Aprodeh) pidió
que Peláez se retire del juicio que se sigue contra Fujimori porque
supuestamente defendió a una persona vinculada con el grupo Colina, que
perpetró las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
Durante la primera semana del proceso, en el que la fiscalía ha pedido
que Fujimori sea condenado a 30 años de cárcel, el ex jefe de Estado
declaró que supo de la existencia de Colina en 1993.
El ex presidente fue sentenciado el pasado 11 de diciembre a seis años
de prisión por el allanamiento ilegal a la vivienda de la esposa de su
ex asesor Vladimiro Montesinos.
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