Con el trámite de hoy, el proyecto de Ley, promovido por el asambleísta puertorriqueño Wilfredo Caraballo, supera así todos los trámites parlamentarios que se necesitan para que se incorpore a la legislación estatal.

El único paso que queda pendiente para eliminar una pena que no se aplica en Nueva Jersey desde 1963 (cuando se electrocutó a Ralph J. Hudson, de Atlantic City, por el asesinato de su esposa) es la firma por parte del gobernador Jon Corzine, que ya anunció hoy que lo hará "en dos o tres días".

Antes de que comenzara la reunión de la Asamblea, el gobernador apuntó que la firma "no puede ser mañana, pero sí será en dos o tres días", ya que "hay varios aspectos en el proyecto que queremos estar seguros de que son examinados completamente".

Abolir la pena capital es "un asunto de conciencia y de administración responsable de la justicia", según Corzine, quien añadió que "el estado está tomando un paso doloroso, pero necesario".

Además de Nueva Jersey, la pena de muerte se aplicaba hasta ahora en 38 de los 50 estados, aunque en este momento está en virtual moratoria mientras el Tribunal Supremo analiza un recurso presentado a favor de dos condenados a muerte en Kentucky que cuestiona el uso de la inyección letal, por considerar que viola la Constitución.

Según el Centro de Información estadounidense de la Pena de Muerte, desde que se restableció la pena capital en EE.UU. en 1976 han sido ejecutadas en el país 1.099 personas, cerca de 400 de ellas en Texas, el estado donde a más convictos se les ha aplicado ese castigo.

En Nueva Jersey, los principales beneficiados por la abolición serán, de momento, los ocho reos que están en el corredor de la muerte, seguidos de los dos hombres que en 2008 serán juzgados por el asesinato de un matrimonio y sus dos hijas menores y para los que se piden las mismas penas.

Cuando Corzine estampe su firma en el proyecto, Nueva Jersey se convertirá en el primero de los cincuenta estados de EE.UU. en abolir la pena de muerte desde que el Tribunal Supremo del país la restaurara en 1976, cuatro años después de haberla abolido.

Mantener un castigo que no se aplica en el estado tiene un coste para el erario público de unos once millones de dólares al año, una cantidad que, según el texto del proyecto, se destinará a ayudar a las familias de las víctimas de reos.

"Estoy satisfecho con el resultado, en especial porque en unas tres semanas dejaré la Asamblea estatal y siento que dejo mi puesto después de haber cumplido con la tarea que se me encomendó", dijo Caraballo, en conferencia de prensa tras la votación del pleno de la Asamblea en su última sesión del año.

Concluye así un año de proceso legislativo para impulsar una medida que, para su promotor, "no es una cuestión política ni partidista, sino de consciencia".

Para iniciar la tramitación parlamentaria, el poder legislativo de Nueva Jersey siguió las recomendaciones de un comité creado en 2006, integrado por trece miembros independientes, para estudiar todos los aspectos de la pena capital.

Tras nueve audiencias públicas a las que acudieron setenta organizaciones e individuos, entre éstos familiares de víctimas, policías, religiosos, defensores y opositores del controvertido castigo, el grupo recomendó que fuera sustituida por cadena perpetua sin derecho a libertad.