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Cumple 10 años ley para construcción del muro en la frontera con México

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WASHINGTON DC (EFE).- La ley “The Secure Fence Act”, que dio luz verde el 26 de octubre de 2006 a la construcción del muro en la frontera con México, redujo el cruce de indocumentados y obligó a los traficantes de personas y de drogas a buscar nuevas rutas en puntos débiles de la frontera.
La ley, que mañana cumple 10 años desde que fue firmada por el expresidente George W. Bush, ordenó la construcción de una cerca de 700 millas (1100 km), a la vez que autorizó iluminación de la zona, más barreras para vehículos, más puntos de registro y el incremento del uso de la tecnología para reforzar la seguridad en la frontera.
“La ley tuvo de alguna forma un profundo afecto en el tema de inmigración porque debido a ella tenemos muchos cientos de millas con una cerca de control vehicular y de personas en la frontera sur”, comentó esta semana a Efe Tom Jawets, experto en leyes y políticas de inmigración y vicepresidente de Inmigración del Center for American Progress (CAP).
La legislación, que su momento contó con el voto de apoyo de la entonces senadora demócrata Hillary Clinton, buscaba dar un paso adelante para no sólo asegurar la frontera sino para “crear las condiciones favorables para reformar el sistema de inmigración”, según señaló el experto.
“Cuando hablamos de construir el muro hoy en diahay muchas millas en las que se ha construido una cerca como resultado de esta ley”, agregó.
Para el exsenador de California y candidato a la Cámara federal, Lou Correa, plantear este tipo de medidas significa desconocer la importancia económica de la frontera entre Estados Unidos y México.
“Si tomamos 100 millas hacia México y 100 millas adentro de Estados Unidos, ese corredor -si fuera un país- sería la economía número tres en el mundo”, enfatizó Correa en entrevista con Efe.
Para el político hispano, esa franja de frontera genera trabajos y riqueza y proponer separarla es “no entender la relación entre México y los Estados Unidos”.
En abril de 2009, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), había levantado aproximadamente 613 millas (985 km) de cerca y otros obstáculos en la frontera sur en diferentes sectores desde California hasta Texas.
No obstante, según Jawets, la crisis económica que afectó al país fue un obstáculo no sólo para completar el total de las millas ordenadas por la ley, sino para dar un paso adelante con respecto a la reforma de la ley de inmigración.
El representante de CAP señaló que unos de los factores más importantes por la cual el presidente Barack Obama no impulsó esta reforma al inicio de su período presidencial fue la recesión económica.
“Estábamos en medio de una gran recesión -la más grave recesión que he visto en mi vida- y su primera prioridad (del presidente Obama) era salir adelante de esa recesión”, aseveró.
La construcción de la cerca en áreas que antes eran utilizadas para entrar al país ilegalmente con facilidad, movió el tráfico de inmigrantes indocumentados hacia otros sectores mucho más arriesgados y difíciles.
Un informe de la Patrulla Fronteriza señala que en 2008 las detenciones de personas tratando de entrar ilegalmente el país -un indicador del flujo de indocumentados- disminuyeron 18 por ciento, lo que en parte fue atribuido a la construcción de las cercas y barreras.
Pero un análisis del Servicio de Investigación del Congreso en mayo de 2009 encontró que las principales rutas de ingreso ilegal al país se habían movido hacia sectores de mayor riesgo.
Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro para Estudios de Inmigración, una entidad que se opone a la inmigración ilegal, considera que la aplicación parcial de la ley de 2006 ofreció “una herramienta entre muchas” para las autoridades responsables del control.
No obstante, Jaweks, consideró que la ley (The Secure Fence Act) junto con otra regulación de 20 años atrás (Ley Reforma de Inmigración Ilegal y la ley de Responsabilidad Migratoria (IIRIRA) de 1996) han tenido como consecuencia que muchos trabajadores inmigrantes que antes venían por temporadas y regresaban a sus países, ahora se queden permanentemente en Estados Unidos.
La IIRIRA penaliza con diez años de espera a toda persona que desee obtener un permiso de residencia legal, si se le comprueba haber vivido ilegalmente en el país por más de un año, o por tres años de espera a aquellos que han vivido ilegalmente en el país por más de seis meses.
“Debido a que tenemos más controles en inmigración es más fácil identificar a las personas que salen y regresan sin permiso, y volver a entrar se ha vuelto mucho más difícil que antes, con lo que a la gente le ha tocado quedarse aquí en el país durante 15 ó 20 años”, concluyó Jaweks.

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