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Colombia inaugura un monumento en memoria de 19 víctimas de paramilitares

Bogotá, (EFE).- El Estado colombiano entregó hoy un monumento en memoria de 19 comerciantes secuestrados y asesinados en 1987 por grupos paramilitares en complicidad con miembros del Ejército, crimen por el que recibió una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

 

El monumento fue inaugurado en el Parque de los Niños de la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, de donde procedían parte de las víctimas y sus familias.

Al acto asistieron el vicepresidente colombiano, Angelino Garzón; la directora del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Alma Viviana Pérez; el gobernador del departamento de Santander, Richard Aguilar; el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, y decenas de familiares y amigos de las víctimas.

“En todo el mundo el ser humano tiene todo el derecho de que se le brinde cristiana sepultura, pero a nosotros nos han negado ese derecho con nuestros familiares desaparecidos. Tenemos un duelo reprimido”, dijo por teléfono a Efe Osvaldo Ortiz, hermano de Gilberto Ortiz, una de las 19 víctimas.

Los hechos ocurrieron el 6 de octubre de 1987 cuando 17 comerciantes oriundos Cúcuta, Ocaña, Bucaramanga y otras ciudades del noreste del país fueron detenidos y asesinados por miembros de un grupo paramilitar en zona rural de Cimitarra (Santander), región del llamado Magdalena Medio colombiano, en la época infestada de escuadrones de la muerte, con el fin de robarles la mercancía.

Los comerciantes habían partido en cuatro vehículos de Cúcuta, capital de Norte de Santander, región fronteriza con Venezuela, con destino a Medellín, capital de Antioquia (noroeste), para vender mercancías.

“El 6 de octubre de 1987 en la noche o el 7 de octubre de 1987 miembros del referido grupo paramilitar que operaba en el municipio de Puerto Boyacá dieron muerte a los 17 comerciantes, descuartizaron sus cuerpos y los lanzaron a las aguas del caño El Ermitaño, afluente del río Magdalena, frente al sitio Palo de Mango”, señala la sentencia del 5 de julio de 2004 de la CorteIDH, organismo autónomo de la OEA con sede en San José de Costa Rica.

Unos quince días después de ese crimen, dos familiares de los comerciantes que habían ido a la zona a buscarlos “corrieron la misma suerte de los primeros 17 desaparecidos”, agrega la sentencia.

Las 19 víctimas fueron Álvaro Lobo Pacheco, Gerson Rodríguez, Israel Pundor, Ángel Barrera, Antonio Flórez Contreras, Carlos Arturo Riatiga, Víctor Ayala, Alirio Chaparro, Huber Pérez, Álvaro Camargo, Rubén Pineda, Gilberto Ortiz, Reinaldo Corzo Vargas, Hernán Jáuregui, Juan Bautista, Alberto Gómez, Luis Sauza, Juan Alberto Montero Fuentes y José Ferney Fernández Díaz.

Los dos últimos fueron quienes se trasladaron hasta la zona de Puerto Boyacá a buscar al grupo inicial de desaparecidos.

“Ante la desaparición de los 17 comerciantes y posteriormente de los señores Juan Alberto Montero Fuentes y José Ferney Fernández Díaz, sus familiares acudieron ante diversas autoridades estatales para solicitar ayuda y denunciar las desapariciones. Sin embargo, las autoridades no realizaron una búsqueda inmediata de las 19 presuntas víctimas”, según la CorteIDH.

La Corte consideró en su sentencia que las autoridades colombianas tampoco hicieron nada para buscar e identificar los restos mortales de las 19 víctimas y que el grupo paramilitar que cometió la matanza contó con la complicidad de miembros del Ejército.

“En la época de los hechos de este caso, el referido grupo paramilitar que operaba en la región del Magdalena Medio actuaba con la colaboración y apoyo de diversas autoridades militares de los batallones de dicha zona”, indicó.

La sentencia agrega: “El grupo paramilitar que perpetró la desaparición de los 19 comerciantes contó con el apoyo y la participación de miembros de la Fuerza Pública al planear, consumar y encubrir los hechos materia del presente caso, con lo cual las graves violaciones perpetradas resultan también imputables al Estado en forma directa”.

Por esas razones, la sentencia ordenó al Estado colombiano que adopte medidas para castigar a los responsables, que pague indemnizaciones a los familiares de las víctimas, que defina un lugar que represente el “descanso final” de los comerciantes y que erija un monumento, el inaugurado este viernes, en memoria de los 19 comerciantes. EFE

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