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Ciudades de CT han dejado de recibir más de $2.5 millones de ayuda federal por enfrentamiento con ciudades santuario

NEW HAVEN.- Un enfrentamiento legal entre la administración del presidente Donald Trump y las llamadas “ciudades santuario” está costando a Connecticut 2.6 millones de dólares en subvenciones a las policías comunitarias.

La demora de los fondos se da a pesar de la afirmación del fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, de que el Estado cumple con las leyes federales de inmigración.

El dinero se desembolsa típicamente a las ciudades y los estados antes del 30 de septiembre, al final del año fiscal federal, pero los funcionarios de las ciudades y del Estado aseguraron que el Departamento de

Justicia de los Estados Unidos perdió la fecha límite. No se realizaron pagos a ningún Estado o Ciudad.

La demora coincide con una batalla judicial entre el Departamento de Justicia y la ciudad de Chicago, Illinois, donde el alcalde Rahm Emanuel, ex jefe de gabinete de la Casa Blanca de Barack Obama, recibió una orden judicial el mes pasado para evitar que el Departamento de Justicia retenga la ayuda a las ciudades santuario.

Varias otras ciudades importantes también han sido señaladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por el incumplimiento de las leyes federales de inmigración, incluida la ciudad de Nueva York, según se informó.

Se esperaba que Connecticut recibiera 1.7 millones a través de las Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grants (JAG) para la policía comunitaria, con dos tercios del dinero compartido con los municipios y el saldo utilizado por la policía estatal.
Además, 16 ciudades estaban en camino de obtener 909 mil 704 dólares directamente del Departamento de Justicia bajo el programa, que tradicionalmente anuncia subsidios en abril.

“Este es el dinero con el que cuentan muchos departamentos de policía cada año. Este es el primer año que ocurre esta demora de pago. No ha existido ninguna explicación por parte del Departamento de Justicia sobre este atraso injustificado”, declaró Michael Lawlor, subsecretario estatal de políticas y planificación de justicia penal.

Connecticut fue notificada la semana pasada que el Estado cumplió con las pautas de ayuda del Departamento de Justicia, pero es el hogar de varias ciudades santuario como New Haven y Hartford.

El gobernador Dannel Malloy ha sido criticado por la administración Trump por su oposición a las órdenes de deportación del Presidente.

Múltiples fuentes atribuyeron la demora a los esfuerzos continuos de la administración Trump para defender su orden ejecutiva que penaliza a las ciudades santuario de los desafíos legales.

La orden ejecutiva requiere que las ciudades y los estados compartan información sobre el estado de ciudadanía tanto para los inmigrantes indocumentados como para las personas con estatus legal con el gobierno federal para ser elegibles para los fondos de las Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grants (JAG).

Peter Lumaj, un abogado republicano de inmigración de Fairfield, quien está explorando una carrera para Gobernador, defendió la ofensiva de Trump.

“¿Quieren el dinero de Washington para poder luchar contra el crimen y mantener seguras estas ciudades?”, entonces debemos ser un estado respetuoso de la ley. Las leyes federales están por encima de las legislaciones estatales y locales”, expresó Lumaj al referirse a los alcaldes de las grandes ciudades y a los gobernadores que se oponen a las órdenes ejecutivas del presidente Trump.

Los montos de la subvención se basan en la tasa de delincuencia local y la población, con New Haven y Bridgeport a la cabeza en 2016 entre los beneficiarios de Connecticut. Ambas ciudades recibieron 217 mil 907 y 195 mil 781 dólares, respectivamente.

Eso fue antes de que Trump asumiera el cargo, sin embargo, New Haven ha celebrado su condición de ciudad santuario, con la alcaldesa Toni Harp recibiendo aplausos cuando reafirmó la designación en agosto.
La ciudad, en las iglesias locales, ha dado asilo a varios inmigrantes indocumentados que enfrentan la deportación. La Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grants (JAG) para New Haven, proyectada para 2017, es de 193 mil 255 dólares.

En Bridgeport, el alcalde Joe Ganim, firmó una resolución en mayo pasado declarando que la comunidad de 148 mil residentes es una “ciudad acogedora para los inmigrantes documentados e indocumentados”. Finalmente firmó un programa de tarjeta de identificación municipal para los inmigrantes indocumentados que también se había retrasado.

Pero el demócrata, que tiene vínculos con Trump a través de un fallido proyecto de casinos de la década de 1990 en Bridgeport, se ha mostrado reacio a adoptar el estatus de ciudad santuario, se dio a conocer.
Bridgeport, la ciudad más grande del Estado, presentó una solicitud para una subvención de las Edward

Byrne Memorial Justice Assistance Grants (JAG) para 2017, que se estima en 165 mil 793 dólares.
Además, solicitó una subvención de contratación del programa COPS de un millón 875 mil dólares, que también se administra a través del Departamento de Justicia. El dinero se usará para contratar a 15 nuevos oficiales de policía.

“El City Grants Department no ha recibido ninguna forma de respuesta a esta solicitud hasta el momento”, declaró Rowena White, una portavoz de Ganim.

Bridgeport se ha quedado corto, ya que pese a tener un número completo de oficiales de policía, combate en una aparente guerra de pandillas que ha llevado la tasa de homicidios a 22 muertes en lo que va del año, más del doble de los homicidios del año pasado.

Por su parte, Stamford, cuyas autoridades han expresado que los recursos limitados de la policía son para combatir el crimen violento y no para ser oficiales de inmigración, espera recibir 41 mil 637 dólares en fondos de JAG.

“Tradicionalmente usamos los fondos para ayudar con nuestras patrullas a pie a vigilar los vecindarios que son víctimas del crimen. Las relaciones que construimos con la comunidad durante estas actividades de prevención del delito son invaluables”, declaró Thomas Wuennemann, jefe adjunto de la policía.
Danbury, que se ha comprometido a cooperar con las iniciativas federales de inmigración, recibirá 18 mil 663 dólares para 2017.

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