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Acusan a abogado de estafar a inmigrantes

NUEVA YORK.- El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, presentó una orden de desacato criminal y civil contra Vincent González, después de que una investigación reveló que el implicado violó una orden judicial de 2010 y continuó brindando asesoría legal y servicios de inmigración a la comunidad de inmigrantes latinos.

González es acusado de defraudar a los inmigrantes al cobrar por honorarios legales en al menos 527 comparecencias en la Corte desde 2010.

González enfrenta ahora millones de dólares en multas y restitución, así como encarcelamiento por desacato al tribunal, de acuerdo con las autoridades.

“Es inconcebible que un estafador se aproveche de los inmigrantes para ganar dinero rápidamente, y es aún más atroz continuar haciéndolo en violación de una orden judicial”, señaló Schneiderman.

“Con el temor aumentando en las comunidades en todo el Estado, mi oficina no dudará en utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para llevar ante la justicia a quienes intentan defraudar a las familias inmigrantes de Nueva York”, agregó el funcionario.

En 2010, después de que una investigación encontró que González había proporcionado servicios de inmigración fraudulentos, el Buró de Derechos Civiles del Fiscal General aseguró una orden judicial y una sentencia en la Corte Suprema de Nueva York contra González y su empresa, Immigration Community Service Corporation, prohibiéndole participar permanentemente en prácticas fraudulentas e ilegales y proporcionar servicios de inmigración y la práctica no autorizada del Derecho.

González también fue obligado a pagar dos sanciones civiles de 4 millones 275 mil dólares y otro de un millón 845 mil, además de 127 mil 635 dólares en restitución y daños compensatorios a personas perjudicadas por su conducta ilegal y los costos del procedimiento judicial, agregó el Fiscal.

Sin embargo, a partir de 2015, la Oficina del Fiscal General recibió información de que González nuevamente se estaba presentando a sí mismo como abogado de inmigración, brindando a los inmigrantes asesoramiento legal sin la debida autorización legal y prometiendo realizar otros servicios legales en relación con casos penales y de inmigración. Según la información de los querellantes, González estaba operando bajo el nombre de la compañía God-Man Society Club Inc (GMSC), ubicado en 930 Grand Concourse, en El Bronx, Nueva York.

El Buró de Derechos Civiles inició una investigación y descubrió que el sitio web de GMSC (immigrationservices.name) ofrecía servicios legales abiertamente, presumiendo “desde que se estableció en 2001, que “hemos proporcionado a El Bronx y al área circundante servicios fiables de inmigración, penal y civil. Ofrecemos una alta tasa de éxito y prometemos hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos”.

Durante su investigación, la oficina del Fiscal General llevó a cabo dos operaciones encubiertas que corroboraron que González continuó brindando asesoría legal y servicios de inmigración a los individuos en violación de la orden y el fallo del tribunal en el 2010.

Además, la Oficina del Fiscal General recibió información de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) confirmando que González ha presentado un “Aviso de Comparecencia” como abogado o representante en al menos 527 casos de inmigración desde la orden y el fallo de 2010.

A pesar de la orden y el fallo de la Corte, González supuestamente continuó presentándose a sí mismo como un abogado de inmigración y proporcionando servicios de inmigración, mientras no realizó ningún pago para la restitución, la multa civil y los costos judiciales.

González enfrenta una sentencia máxima de encarcelamiento de seis meses por los cargos de desacato civil y 30 días por los cargos de desacato criminal.

Además de pagar los millones en juicios que ya debe, González también enfrenta una multa de hasta mil dólares por cada día que se le considere en desacato criminal; y una multa máxima de los costos y gastos del Fiscal General, más 250 dólares si se determina que está en desacato civil.

“Si siente que ha sido víctima de este tipo de delito, comuníquese con la Línea Directa de la Unidad de Fraudes de los Servicios de Inmigración del Fiscal General al 866-390-2992 o envíe un correo electrónico a Civil.Rights@ag.ny.gov. La oficina del Fiscal General nunca le preguntará su estatus migratorio ni compartirá información de inmigración con las autoridades federales si se comunica con la línea directa”, finalizó Schneiderman.

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